Buscan apoyo para que sea ley la reforma jubilatoria
El Gobierno espera que se apruebe hoy. No está claro si conseguirá los votos del PJ. Clima de tensión, movilización gremial y amenaza de paro para el viernes.
Con resultado incierto por el cambio de último momento en la postura de algunos diputados del peronismo, el oficialismo intentará hoy convertir en ley el proyecto de reforma previsional, corazón de un paquete de medidas económicas que se debaten en el Congreso.
La creciente tensión social en torno a la iniciativa, que en la práctica representa un ajuste hacia la baja en la actualización de los haberes de los jubilados, comenzó a pesar ayer en varios parlamentarios peronistas que advirtieron sobre que no están dispuestos a votar la ley tal como está redactada.
Si se aprueba, el proyecto supone una pérdida de entre 70 mil millones y 100 mil millones de pesos para los pasivos. Esto es fruto del menor aumento que tendrán sus haberes por el impacto de una nueva fórmula de actualización.
Con 108 diputados propios, Cambiemos necesita al menos otras 22 adhesiones opositoras para lograr los 129 votos que se requerirían para lograr la mayoría simple de la Cámara, si el total de 257 parlamentarios están presentes.
BUENOS AIRES. La reforma previsional que desató el mayor conflicto político en los dos años que lleva la gestión de Mauricio Macri impactará en la vida cotidiana de los jubilados nacionales, dado que sus haberes subirán a marcha más lenta que en la actualidad y por ello no podrán incrementar sus gastos de forma real, sino sólo ajustando por inflación.
El problema está en que la canasta de consumo de los jubilados, en especial la mayoría que gana la mínima, es más cara que la del res- to de la sociedad porque gastan hasta el 90 por ciento de sus ingresos en alimentos y medicamentos, los rubros que más vienen elevando el costo de vida general.
Un estudio del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) indica que la inflación de los jubilados estuvo dos puntos por encima del índice de precios al consumidor (IPC) general en 2016 y en 2017.
La confusión sobre si ganan o pierden con la reforma se genera porque, si bien los jubilados dejarán de percibir en aumentos de haberes una cifra que en las estimaciones va de los 70 mil millones a los 100 mil millones de pesos por la menor suba con la nueva fórmula, ese dinero no será ahorrado por el Estado: se pagarán reajustes jubilatorios exigidos por la Justicia y se seguirá devolviendo a las provincias la detracción del 15 por ciento de la precoparticipación que iba a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
“¿Cuánto cobrará un jubilado en marzo?”, se le consultó el lunes en el Congreso a Nicolás Dujovne. El ministro de Hacienda no supo qué responder y reconfirmó las dudas a un sector de la oposición acerca de que en esta reforma los jubilados pierden.
Dujovne dijo que las jubilaciones subirán “22 por ciento en
2018”, a lo que habrá que descontarle la previsión de 16,6 por ciento de inflación que tiene el sector privado, según la encuesta del Banco Central. “Eso da un aumento real del cinco por ciento”, dijo. Y en
2019 –amplió Dujovne– el aumento real será del dos por ciento.
Ese incremento sale de empatar el gasto en haberes previsionales con el alza del 22,1 por ciento anual que registrarán, según el Presupuesto 2018, los ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social.
La versión oficial
En el Gobierno desestiman que los jubilados vayan a perder y redoblan la apuesta: “En 2018 vamos a pagar 34.916 millones de pesos en deudas previsionales, por la Reparación Histórica o por fallos judiciales, y 3.255 millones de pesos por retroactivos a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”, aseguran.
A su vez, la promesa de garantizar el 82 por ciento móvil del sala- rio mínimo a quienes aportaron 30 años no tendrá impacto alguno, al menos por ahora. El 82 por ciento del actual salario mínimo (8.060 pesos) serían 6.609 pesos, cuando la jubilación mínima está en 7.246 pesos.
“Vamos a garantizar el 82 por ciento a los que hayan aportado 30 años”, había anunciado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el día del acuerdo con los gobernadores, el mes pasado. Esta situación sólo tiene sustento si la jubilación mínima inicia un proceso de fuerte desaceleración respecto del salario mínimo y queda relegada respecto del equivalente al 82 por ciento móvil.
El incremento de los jubilados para el período marzo-agosto de
2016 ascendió al 15,4 por ciento y en septiembre se actualizó en 14,2 por ciento. En marzo de 2017 subió
13 por ciento y en septiembre, un
13,3 por ciento. Estos aumentos se aplicaron tanto a los montos como a los tramos de ingreso del grupo familiar, en el caso de las asignaciones familiares por hijo. El alza de marzo de 2018 rondará el seis por ciento.
Cambios entrelazados
Según algunos analistas, los jubilados y los trabajadores (por la reforma laboral) se verán forzados a implementar una mayor austeridad en sus hogares, lo cual generará un golpe colateral sobre la actividad económica –principalmente la comercial–, que podría ralentizar su expansión.
Atosigado por un déficit financiero que alcanza al siete por ciento del producto interno bruto y con la decisión de bajar la inflación, el Gobierno eligió como salida una reducción del gasto público, poniendo a raya con el Pacto Fiscal a gobernadores e intendentes, quienes tampoco podrán incrementar su gasto por encima de lo que indique el IPC del Indec.
En Hacienda identifican tres grandes ítems que motorizaron el crecimiento del gasto público entre 2006 y 2015: la masa de salarios públicos (creció 4,8 puntos porcentuales), el gasto previsional
(4,6 puntos) y las transferencias al sector privado vía subsidios (cuatro puntos porcentuales).
Como el Gobierno redujo drásticamente la generación de empleados públicos pero no está dispuesto a pagar el costo político de despedir 120 mil trabajadores –como se lo piden economistas liberales–, pasará la tijera por los subsidios a los servicios públicos y a las jubilaciones.
Parte del ajuste que implementará el Gobierno se observa en el Presupuesto elaborado para 2018: el aumento proyectado de los ingresos para 2018 es del
19 por ciento, mientras que 2017 cerrará con un alza del 32,5 por ciento.
Claramente, la administración de Mauricio Macri está anticipando que tendrá menos recursos para gastar: habrá menos dinero para repartir y, por ende, menos dinero en la calle destinado al consumo.
Es que la reforma tributaria plantea la modificación a la baja de al menos siete impuestos (aportes y contribuciones, Ganancias, IVA, cheque, internos, ambientales, a los combustibles) y también de las tasas de Ingresos Brutos.