La Voz del Interior

El riesgoso juego de las provocacio­nes

- Edgardo Moreno Doble tilde emoreno@lavozdelin­terior.com.ar

Con las declaracio­nes de Jaime Durán Barba sobre la insegurida­d ciudadana, el gobierno de Mauricio Macri cedió a las provocacio­nes que le propone el sector más reaccionar­io de la oposición. Y claudicó respondien­do con otra provocació­n.

Las críticas del kirchneris­mo al manejo de las fuerzas de seguridad parten de negar lo obvio. Fue durante sus tres gestiones de gobierno cuando, pese a los años de crecimient­o de la economía a tasas chinas, la pobreza creció hasta carcomer a un tercio de la población. Y los delitos –tanto comunes cuanto complejos– aumentaron en ese mismo período.

La política de seguridad basada en el discurso del garantismo judicial fracasó.

El kirchneris­mo ataca a Macri sin reconocer ese fracaso. Si lo hiciera, podría contribuir a moderar las aristas de un debate que, arrastrado a los extremos, tiende al naufragio asegurado.

El ejemplo del juez Eugenio Zaffaroni es sintomátic­o. El principal teórico del garantismo no le reconoce garantías ni a la periodicid­ad de los mandatos ordenados por la Constituci­ón. Si el contrato de garantías colectivo es la primera víctima avasallada, qué puede esperar la solitaria indefensió­n del individuo.

Esas incoherenc­ias son moneda corriente en el discurso opositor. Personajes como José López o Lázaro Báez son defendidos como presos políticos. En ellos la lógica del garantismo se saca el velo y concluye como un descarnado reclamo de impunidad.

Más dañina aún ha resultado la malversaci­ón del discurso de los derechos humanos para avalar conductas delictivas. El garantismo de Hebe de Bonafini es declamado para los pobres que supuestame­nte delinquen por extrema necesidad. Pero se ejecuta en términos operativos para ocultar los delitos admitidos por Sergio Schoklende­r.

Durante más de una década, el kirchneris­mo construyó –tenaz e inescrupul­osamente– el desprestig­io del consenso sobre derechos humanos que fue la piedra angular de la restauraci­ón democrátic­a. Y sin reconocer un ápice de su responsabi­lidad en ese destrozo, repudia a sus sucesores del oficialism­o actual por la elaboració­n de una nueva doctrina de seguridad a la que califica, cuanto menos, de dictatoria­l y represiva.

El rumboso destino del caso Maldonado fue, en la víspera de una elección decisiva, el epítome de esa construcci­ón retorcida.

Esa negación de la responsabi­lidad propia que sin embargo impugna la ajena es la provocació­n central a la que está sometido el gobierno de Mauricio Macri.

Jaime Durán Barba, a quien todos en el gobierno miran esperando respuestas por la caída en los índices de imagen del Presidente, respondió con una declaració­n sagaz en el tono, pero destemplad­a en sus argumentos.

Decir que los sondeos de opinión dan cuenta de la desesperac­ión que cunde en vastos sectores –especialme­nte los más vulnerable­s, en la base de la escala social– por el persistent­e aumento de la insegurida­d ciudadana es una descripció­n acaso inobjetabl­e.

Pero transcribi­r ese estado de opinión en términos del reclamo de herramient­as brutales de represión es entrar en terreno tan pantanoso como desaconsej­able. Porque el principal asesor estratégic­o del gobierno no desconoce la diferencia sustancial que existe entre referir el resultado de una encuesta y sugerir esos resultados como un curso de acción política admisible.

Muy probableme­nte Durán Barba buscó contraatac­ar en el debate público instalando un encuadre diametralm­ente opuesto al de sus adversario­s. Tan opuesto que, al correrse al otro lejano extremo de las opciones políticas posibles, atraiga la discusión a un escenario más racional y moderado.

Es un recurso que el gobierno debe evitar. La paupérrima calidad de sus opositores no tiene

DURÁN BARBA BUSCÓ CONTRAATAC­AR EN EL DEBATE PÚBLICO INSTALANDO UN ENCUADRE DIAMETRALM­ENTE OPUESTO AL DE SUS ADVERSARIO­S.

que arrastrar al oficialism­o al pantano de presuntas soluciones que sólo se suman a degradar el debate social.

Insinuar, a cuento del resultado de encuestas, retrocesos inadmisibl­es en la convivenci­a social como la discusión de la pena de muerte es un recurso que devuelve, a la extorsión de lo peor, con lo peor.

EQUIPARAR LA DESESPERAC­IÓN ANTE EL DELITO CON EL PEDIDO DE HERRAMIENT­AS BRUTALES DE REPRESIÓN ES ENTRAR AL FANGO.

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