Recaudación : qué se cobra en las ciudades más importantes del interior provincial
Córdoba es la provincia con más administraciones locales: suma 427 comunas y municipios. En las primeras, más pequeñas, la coparticipación que reciben es el eje casi único de sus ingresos. En las ciudades medianas y mayores, las tasas propias cumplen un rol también central para sostener sus presupuestos.
Desde hace décadas, los municipios han tratado de mejorar sus ingresos por tributos propios. Más aún desde que dejaron de ser sólo prestadores de servicios básicos (el clásico ABL: “alumbrado, barrio y limpieza”) y pasaron a ocupar roles en materia de salud, seguridad, acción social y educación, entre otros.
Ese es uno de los ejes de discusión cuando se les reclama desde el Gobierno nacional y también provincial que las tasas deben ser sólo por contraprestación de servicios determinados.
No hay intendente que no exponga que destina recursos a la seguridad urbana, a sus dispensarios y hospitales, a arreglos de escuelas, a atender urgencias sociales de familias sin recursos, además de tener una alta demanda por obras públicas y nuevos servicios.
Muestran –más allá de pertenencias partidarias– que Nación y Provincia fueron transfiriendo funciones a los municipios, sin los recursos suficientes que las acompañen.
A la vez, en los últimos 20 años, la mayoría ha agudizado la “creatividad” tributaria para generar tasas de un modo tal que los contribuyentes no las perciban directamente.
Las más expandidas son las aplicadas sobre las facturaciones de empresas de servicios públicos: con la energía que cobran Epec o las cooperativas, con el gas de Ecogas, o bien con las prestaciones de agua y de cloacas. De ese modo, el ingreso está más asegurado porque los vecinos pagan luz, gas y agua con mucha menor mora que las tasas municipales y, a la vez, los contribuyentes no ven recargados los valores de esos cedulones, sino que quedan “disfrazados” en las facturas que les entregan las prestadoras de servicios.
Adicionales
En la mayoría de los casos, esos “adicionales” sobre tasas y servicios son recursos que engrosan el presupuesto municipal, sin destino específico. Cuando nacieron –sobre la energía–, el argumento era que calzaran para “bancar” el gasto en alumbrado público. Luego, avanzaron para financiar obras puntuales o para aportar a instituciones (como cuarteles de bomberos, hospitales o consorcios camineros).
El último año, con el incremento notorio de las tarifas nacionales de servicios (sobre todo de energía y de gas), lo que facturan los municipios por esas tasas también se multiplicó: el 15 por ciento de facturas promedio de 2.000 pesos les genera muchos más ingresos que cuando lo aplicaban sobre consumos de 600 pesos.
El tema es que el usuario también lo percibe ahora con más facilidad y mayor malestar.
Otro intento que se expandió hasta que la Justicia lo paralizó fue el del cobro del “impuesto a la valija”. Empezaron dos o tres municipios grandes y luego se fueron colando dos decenas, facturando una tasa que denominaron “a las empresas de extraña jurisdicción”: firmas grandes que, sin sede en la ciudad, vendían sus productos y usaban sus calles para distribuirlos. Tras años de litigio, un fallo de la Corte Suprema determinó su inconstitucionalidad y esos municipios están, en varios casos aún, devolviendo lo (mal) cobrado a varias empresas.
Otro uso habitual, pero menos cuestionado, es la creación sobre las tasas propias de adicionales específicos para ciertas obras, programas o instituciones locales. En definitiva, en esos casos, lo que importa es el monto total del tributo, más allá de su composición. El desagregado por “fondos específicos” permite al menos conocer y controlar el destino de parte de la recaudación.
No hay criterios comunes. Cada ciudad fue fijando su propias reglas tributarias. Algunos defienden esa facultad sobre la base de las autonomías municipales, otros advierten que aparecen arbitrariedades que hacen inexplicables las diferencias entre una y otra localidad por similares prestaciones. RÍO CUARTO. Aplica un plus del 10 por ciento sobre energía, gas, agua y cloacas, pero también sobre sus tributos municipales a comercios e industrias, y a los automotores. Hace una década, el plus era mayor, y hasta se intentó aplicarlo a los servicios privados de telefonía, de internet y de televisión por cable, pero los amparos judiciales de las empresas, que reclamaron por su inconstitucionalidad, lo dejaron sin efecto antes de su estreno.
VILLA MARÍA. El municipio cobra una tasa del 10 por ciento sobre el gas y la energía, y del dos sobre el agua.
CARLOS PAZ. Aplica un plus que representa unos 1.000 pesos promedio por año a cada usuario del agua potable, y una tasa sobre el gas natural. Además, rigen varios adicionales, pero sobre los tributos propios y de “afectación específica” (no deben tener otro uso). Uno es del dos por ciento para un fondo para expropiación de tierras sobre los cerros con el fin de evitar que se urbanicen. Otro 2,5 por ciento va a un “fondo de seguridad urbana” y un 10, para “obras públicas”. Hay más: un 0,75 se deriva directamente a Bomberos Voluntarios, un cuatro por ciento al “fondo de promoción turística” y otro 0,75, al “Fondo de Infraestructura Deportiva”.
SAN FRANCISCO. El municipio agrega un 15 por ciento en la facturación de energía de Epec y en la de agua y cloacas, que presta una empresa municipal, pero también sobre los tributos a los automotores y a comercio e industria.
RÍO TERCERO. Carga con tributos municipales las boletas de la cooperativa local: 11 por ciento sobre la energía (dos van para Bomberos) y 21 por ciento sobre agua y cloacas. Sobre sus propias tasas aplica algunos adicionales para obras. El último año se discutió, sin aprobarse, que un plus que era para desagües se cambiara para un fondo para instituciones deportivas y sociales.