El “descubrimiento” de Javier en la boleta de Epec
“Me gustaría saber qué mejoras ha hecho el municipio en el servicio eléctrico, como para que incluyan un 10 por ciento en la factura de Epec. Tenía entendido que al servicio eléctrico lo presta Epec, no el municipio. Ese y todos los ítems adicionales que nada tienen que ver con la prestación del servicio eléctrico”, se queja Javier, un usuario que se enteró de la existencia de esa tasa recién cuando leyó que el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) anunciaba que circunscribirá ese cobro a lo que cuesta efectivamente el servicio de alumbrado y la eventual red de semáforos en cada ciudad o pueblo.
Para Capital, por caso, en 2017 “sobró” el 21 por ciento de los 468,7 millones de pesos recaudados por esta vía.
Hábil de reflejos, el gobernador Juan Schiaretti vio en el Ersep la posibilidad de implementar una morigeración en las facturas de Epec sin hacer el ajuste que hace tiempo las comunidades económica, comercial y social le reclaman sobre la empresa de energía. Entendió que había un camino más corto para bajar la factura y, además, transferir parte del enojo ciudadano hacia otra parte.
Con el anuncio de la semana pasada, el Ersep se anticipó a una medida que el Consenso Fiscal blanqueará en 2019: que las tasas que cobran los municipios se correspondan con la prestación de un servicio, que pueda ser comprobable por parte del ciudadano. No valen los impuestos encubiertos, hay que transparentar para qué se usa y cuánto cuesta.
El argumento de fondo es que el cobro está expresamente prohibido por la Constitución. Para evitar caer en la judicialización de si corresponde o no ese tributo, Nación y provincias trabajan en conjunto para reordenar ese abuso, mediante un sistema que apunta a premiar al que colabore en la baja de la presión tributaria y castigue al que no se sume.
Así, pone la lupa de la presión tributaria sobre los municipios, que también han hecho su parte en las últimas dos décadas. De hecho, son también responsables del incremento de la burocracia y el aparato estatal: en el año 2000, los municipios cordobeses, con excepción de Capital, empleaban a 20.122 agentes. En 2017, aun después del plan de jubilaciones anticipadas, tenían 27.380, 36 por ciento más. Capital pasó de 7.784 a 11.059, 42 por ciento más, según datos de aportantes activos de la Caja de Jubilaciones.
No está muy claro cómo hará operativamente el Ersep para aplicar el tope de la tasa hasta lo que cuesta el servicio. Pero el sólo anuncio sirvió para que los intendentes, con Ramón Mestre a la cabeza, cuestionen la medida, con un argumento que goza de alto consenso popular: que Córdoba es cara, y Epec es ineficiente.
Un porcentaje calzado sobre un servicio cuyo precio estuvo congelado hasta 2015 es un negocio redondo: lo cobra un tercero, aumenta mucho más que la inflación y, además, tiene costo político cero para la intendencia. Al fin y al cabo, queda como un ítem más de la abultada factura de Epec o de la cooperativa.
Ese razonamiento también vale para la Provincia, que cobra Ingresos Brutos sobre el gas y la energía eléctrica residencial: aunque la alícuota este año bajó del 6,61 por ciento al cinco por ciento, sigue cobrando bastante sobre algo que aumenta por encima de los precios. Caja rápida.
En 2022, el Consenso Fiscal obliga a bajar a cero esta alícuota de Ingresos Brutos. Lo cierto es que los 427 intendentes y jefes comunales y la Provincia estarán muy complicados para cumplir con el Consenso. La rebaja de impuestos obliga a buscar otras fuentes de financiamiento, más atadas al patrimonio que a las transacciones. Pero sobre todo, obligará a ser más transparentes y más austeros. Desafíos enormes para la política local.