Seguridad: declaran inconstitucional limitar excarcelaciones
Lo definió un juzgado de Cruz del Eje. Va contra la ley que impulsó el Gobierno para evitar salidas transitorias de condenados. Un sentenciado por matar saldrá por anticipado. Su abogado fue clave en el caso Maldonado.
El Juzgado de Ejecución Penal de Cruz del Eje declaró inconstitucional el artículo 56 bis de la Ley Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), cuya modificación impulsó el año pasado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el pedido al Congreso de que incorpore el homicidio en ocasión de robo y delitos sexuales como excepciones a los beneficios que flexibilizan la condena. Algo que finalmente ocurrió.
La definición del juzgado cruzdelejeño fue impulsada por el abogado cordobés Carlos González Quintana. Este letrado fue quien llevó al plano internacional un informe sobre desaparición forzada de persona en el caso de Santiago Maldonado, cuestionado por el Gobierno nacional.
Bullrich, luego del caso Micaela García (asesinada por un reo excarcelado), intensificó el pedido a diputados y senadores para que sancionaran una ley que limitara las salidas transitorias y la libertad condicional a condenados.
Ahora, la jueza María Adriana Espeche consideró que “corresponde hacer lugar a lo solicitado declarando la inconstitucionalidad del artículo 56 de la ley 24.660 a los efectos de que el penado Olmos Jonathan Esteban pueda gozar de los beneficios de flexibilización y limitación de encierro”.
Espeche argumentó que no permitir los beneficios atenta contra la Constitución Nacional (CN), en referencia a que las cárceles deben ser “para seguridad y no para castigo de los reos” y contra los tratados internacionales a los que adscribe la CN que expresan que las penas tendrán como finalidad la readaptación social de los condenados.
Consultado por La Voz, González Quintana polemizó con el ánimo de la cartera de Seguridad y expresó que “si al Gobierno no le gustan las garantías constitucionales, entonces debe reconocerse que es un Estado de excepción, no es un Estado de derecho”. El caso Olmos
Jonathan Esteban Olmos fue condenado en 2012 a 15 años de prisión por homicidio en ocasión de robo. La Justicia estableció que, en diciembre del año 2010, cuando tenía 18 años, el joven ladrón pateó la moto en la que iba José Aurelio Yañez (52), con el objetivo de hacerlo caer y llevarse el rodado. Yañez golpeó su cabeza contra el cordón cuneta, fue internado en grave estado y meses más tarde murió.
Gobierno contra el abogado Justo en la primera semana de marzo, ocasión en la que se publicó el fallo de Espeche, el Ministerio de Seguridad demandó a González Quintana y al abogado Fernando Cabaleiro ante la Fiscalía Federal de Esquel por llevar el testimonio de Lucas Pilquiman, conocido como testigo E, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los acusan de haber engañado al tribunal internacional en vísperas electorales y de ser autores de “uno de los fraudes judiciales más graves de la historia judicial argentina: la desaparición forzada de Santiago Maldonado”, según el texto de la denuncia a la que accedió La Nación.
De esta manera, el Gobierno cargó contra los abogados y los responsabilizó de “propiciar fraudulentamente sanciones políticas contra el Estado argentino”.