Estacionados sobre una pelea Virginia Guevara
Para un político, es el insumo más vital, y Ramón Mestre lo encontró: un argumento potente, simple y fácil de comprender. Lo reitera varias veces por minuto, en un tono que va subiendo día a día: que la Provincia quiere desfinanciar al municipio capitalino para perjudicarlo a él.
A la segunda parte no la dice ante los micrófonos: que el peronismo apunta a su gestión porque las encuestas lo ponen en posición de ganar la Provincia si Cambiemos finalmente lo elige como candidato.
El argumento no es original de ningún modo: los cordobeses lo escuchamos a diario de boca de Unión por Córdoba en los años de Cristina Fernández, e incluso en las semanas previas a las
Paso del año pasado, cuando el gobernador
Juan Schiaretti acusaba a Macri de no enviar fondos a la Provincia. Y antes lo repitió hasta el cansancio Luis Juez desde el mismo despacho que ahora ocupa Mestre, cuando José Manuel de la Sota le depositaba un peso de coparticipación.
La veracidad aún debe ser probada –si es que en tiempos de posverdad a alguien aún le interesa eso–, pero no hay dudas de que sigue siendo un argumento efectivo. En dos semanas, todos los cordobeses se enteraron de que hay una pelea política y que los contendientes son Mestre y Schiaretti. El intendente nunca había estado en ese lugar desde la irrupción de Cambiemos.
La Provincia desestima de plano que exista una controversia por fondos públicos y considera que se trata de una estrategia política de poca monta. Sostiene que, en su afán por lograr protagonismo político, Mestre fabricó un reclamo que ronda los mil millones de pesos, y que ni siquiera se percató de que su postura va en contra del mandato fiscal de Mauricio Macri.
En la práctica, los radicales terminaron repudiando hasta el pedido de información fiscal que el Ministerio del Interior de la Nación envió a los municipios a través de las provincias.
¿Llegará esta disputa al Tribunal Superior de Justicia, como amenazan desde el Foro Radical que hace de intérprete de Mestre? Por la disparidad de criterios, la complejidad de los puntos en discusión –derivaciones del Consenso Fiscal, reclamo de recursos coparticipables que se desvían a fondos específicos y eliminación de tasas municipales sobre los consumos de agua y luz– y por el tenor que va adquiriendo el reclamo municipal, podría presumirse que sí. Mestre esta semana presentará un recurso administrativo para ir cerrando instancias.
Pero no es la primera vez que el intendente llega a este punto de confrontación con la Provincia, y la experiencia indica que luego de las declaraciones explosivas, siempre hubo acuerdos por cifras sustancialmente menores a las reclamadas.
Por lo general, desde hace ya muchos años, la Provincia despacha a los intendentes con módicas partidas y escasas explicaciones: la disparidad de esa relación de fuerzas, la larga experiencia del peronismo en la administración provincial y el “ninguneo” que denuncian los intendentes radicales confluyen también en este conflicto.
La imperiosa necesidad de Ramón Mestre de erigirse como máximo referente opositor aporta todo el resto.
Desde El Panal consideran que esta controversia quedará zanjada en breve a través de un dictamen del Consejo Federal de Impuestos, y se disponen a explotar la señal política que la semana pasada enviaron los intendentes del PRO: una propuesta de Consenso Fiscal provincial planteada como alternativa a la postura de Mestre.
La diferencia entre el planteo amable del Comupro y el planteo beligerante del Foro Radical es de formas más que de fondo. Si hay que apostar con quiénes negociará el fin del conflicto con la Provincia, está claro que el que apueste al amarillo gana.
Pero mientras Mestre procura que la situación política se estacione sobre el redituable conflicto con la Provincia por los fondos públicos, su gestión no logra resolver cuestiones tan alejadas del presupuesto como el control del estacionamiento en el Centro. La pérdida del dominio sobre el espacio público es tal que los naranjitas por momentos son la máxima autoridad en materia de tránsito.
El salto de dimensión política que busca Mestre tiene en la gestión de los asuntos urbanos un límite cotidiano: en Córdoba volvieron las obras públicas, pero falla de modo casi sistemático la implementación de soluciones que funcionan en otras ciudades. Sólo Bus, reciclado, ciclovías o estacionamiento controlado; los ejemplos sobran y los problemas irresueltos se amontonan y crecen. No sólo de coparticipación viven las gestiones municipales.
La basura es el ejemplo máximo. En seis años, el gasto se multiplicó, la calidad de la prestación retrocedió, el poder del gremio de los basureros adquirió dimensiones que asustan y los basurales nunca dejaron de crecer.
Cuánto tardará en salir a la superficie urbana la explosiva tensión empresaria y gremial que subyace bajo la licitación en curso, es la pregunta del momento en el ámbito municipal: cuando Lusa y Cotreco consideraban resuelta la década que viene, apareció Vega-Caputo en escena. Y el Surrbac ve a Camioneros acechando. Nada garantiza que la contienda vaya a tener como resultado una ciudad más limpia.