25 mil cordobeses más deberán ir a mediación obligatoria cada año
Un cimbronazo en la Justicia Civil provocará la ley que en abril será aprobada en la Legislatura cordobesa: antes de iniciar un expediente en este fuero, demandante y demandado deberán reunirse ante una dupla de mediadores e intentar llegar a un acuerdo. Pasar por este proceso de negociación será obligatorio, y el objetivo es reducir la cantidad de causas que ingresan al sistema. Las últimas estadísticas disponibles, del año 2016, indican que 74.600 causas civiles y comerciales ingresaron a la Justicia provincial, el 21 por ciento del total.
De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Justicia, cada año se generarán unas 12.100 nuevas instancias de mediación obligatoria, por lo que unos 25 mil cordobeses serán llevados a la mesa de negociación para intentar resolver allí, y no en los estrados judiciales, los conflictos. De todos modos, la aplicación del nuevo esquema será gradual, e implicará distintas pruebas piloto.
La meta que el Gobierno imagina en el mediano plazo es que el 50 por ciento de las demandas civiles objeto de la mediación se resuelvan conversando. La mediación obligatoria podrá hacerse en cualquiera de los 21 centros públicos o privados que hay en toda la provincia, donde se desempeñan 336 mediadores con matrícula habilitada. El Gobierno aspira a que haya un “crecimiento exponencial” de mediadores y centros de mediación.
“Hay un cambio de paradigma porque se pasa de la cultura de la confrontación a la cultura del diálogo: tratar de resolver los conflictos a través de un mecanismo alternativo como es la mediación”, dice Ignacio Villada, asesor del Ministerio de Justicia. El proyecto de ley que la Legislatura trata por estos días fue redactado por una comisión que Villada coordinó.
“El justiciable y el ciudadano son artífices de solucionar el conflicto antes de que se radicalicen las posturas. En la instancia de mediación hay una autocompensación del conflicto y las partes encuentran un camino con los mediadores guiándolos. Si se llega a un acuerdo, baja notablemente el costo de litigar”, dice Villada.
Se refiere a que las demandas que se resuelvan en la negociación pagarán la mitad de las tasas judiciales y aportes profesionales. “Es un cambio cultural que se debe gestar también en ámbitos académicos. Va a llevar tiempo, pero esta reforma se impone”, dice.
Para que el juzgado admita la demanda se deberá presentar un certificado que convalide que las partes transitaron la instancia de mediación. “Sin mediación no habrá demanda, y quien se niegue a asistir será multado”, explica.
Quedarán excluidas aquellas causas que hayan tenido una mediación en el futuro Fuero de Justicia Vecinal o ante oficinas de Defensa del Consumidor sin que hayan arribado a un acuerdo: en esos casos, se considerará redundante el trámite y la demanda será iniciada. Tampoco pasarán por la mediación los procesos de desalojo, divorcios, adopciones y cuando el demandado sea el Estado, entre otros. En estos, la mediación será voluntaria.
Aunque los procesos penales están excluidos de la mediación obligatoria, la ley dejará abierta una puerta para que el fiscal o el juez habilite esa instancia ante la posibilidad de solucionar el “conflicto primario”.
Un caso en que la mediación derivó en la suspensión de un juicio penal ocurrió en el Juzgado de Control N° 6, durante 2007: Matías Miguel R. fue imputado por robo calificado. Frente a la víctima, el imputado reconoció la autoría del delito, pidió perdón y ofreció un monto de dinero. El juez dejó en suspenso el juicio y argumentó “la necesidad” de adoptar “mecanismos alternativos a la pena privativa de la libertad”.
Samuel Paszucki, quien es con- tador y titular de la Asociación de Mediadores de Córdoba, cree que la mediación obligatoria “es el camino” para agilizar el proceso judicial. “Se trata de un paso positivo que hará más accesible al servicio de justicia. Será indispensable un cambio de paradigma y se necesitará el compromiso del Gobierno para que funcione”, dice el mediador.
En ese marco, el Gobierno sostiene que el incremento en la planta de personal del Poder Judicial, la ampliación de edificios y el aumento del presupuesto “constituyen reformas cosméticas que pueden aliviar la congestión en el corto plazo, pero cuya sustentabilidad es dudosa”, según se lee en la fundamentación del proyecto de ley impulsado por Juan Schiaretti.
De acuerdo con las previsiones de la Provincia, a medida que se universalice la mediación obligatoria, se necesitarán más centros de mediación públicos y privados y más profesionales del área, anticipan en el Ministerio de Justicia.
Actualmente, hay 336 mediado- Los jueces tendrán que evitar las dilaciones en los procesos.
Junto a las mediaciones, otra pata sostendrá la reforma del fuero Civil: la ampliación del proceso oral y la simplificación del expediente a través de la digitalización y notificaciones electrónicas. Los jueces tendrán roles más activos, porque conducirán las audiencias previas para impedir las dilaciones por exceso de pruebas y peritajes. res con matrícula vigente en toda la provincia. De ellos, 207 son abogados, y el resto, profesionales de otras ramas, pero que pueden actuar en cualquier tipo de conflicto. 199 mediadores están radicados en la ciudad de Córdoba y el resto, en el interior. Además de las sedes que dependen del Centro Judicial de Mediación, funcionan en Córdoba otros 20 centros de mediación extrajudicial en espacios públicos, colegios profesionales y entidades privadas.
De acuerdo al nuevo diseño judicial, por el “filtro” de las mediaciones llegarán menos causas a juicio. “Las reformas van a convivir porque están entrelazadas unas con otras”, dice Villada.