En el comercio minorista, boleta “mata” mostrador

Almacenes, comercios de ropa, panaderías, locales de electrodomésticos, pinturerías, carnicerías, casas de repuestos de auto, mueblerías y un largo etcétera vienen siguiendo de cerca, y con preocupación, la actual polémica por el aumento en las tarifas de los servicios públicos. No tanto por las boletas que puedan recibir esos negocios si las subas anunciadas se ratifican, sino –fundamentalmente– por el impacto que esos incrementos tendrán sobre las economías de sus propios clientes.

Los comerciantes saben que todo peso extra que un consumidor debe destinar al pago de las facturas de electricidad, de gas natural o de agua potable será un peso menos que esa persona podrá disponer para realizar compras en sus locales. Y no estamos hablando de unos pocos pesos más, sino de boletas que llegarán en los próximos meses con montos significativos.

Según datos que maneja el Gobierno nacional, el peso de los principales servicios públicos sobre un presupuesto familiar tipo ronda hoy entre el 8 y el 10 por ciento del gasto total. De acuerdo con otros estudios privados, ese impacto es mayor y llega hasta el 15 por ciento, sobre todo en los meses de invierno y de verano, cuando los consumos aumentan estacionalmente.

Con ello, Argentina se convirtió en el último año en el tercer país de América del Sur en el que mayor porcentaje del salario se destina al pago de las tarifas de los servicios públicos, quedando sólo por detrás de Chile y de Uruguay, y por arriba de Brasil. Pero aquí todavía falta que se hagan efectivos los nuevos incrementos anunciados por el Ministerio de Energía, y que motivaron reclamos hasta de los propios socios políticos de la alianza Cambiemos.

Con semejante ajuste previsto en las boletas (es verdad que sucede después de una década de tarifas casi congeladas), el impacto en los bolsillos de la gente será ineludible. Más aún cuando la mayoría de los gremios no ha cerrado sus acuerdos paritarios, o bien existen aumentos salariales que llegan atados –al menos inicialmente– a la pauta del 15 por ciento anual sugerida por la Nación.

Precisamente, en esa tensión se asienta hoy la preocupación de los comerciantes. Las ventas minoristas habían vuelto a dar señales de vida a mediados de 2017, luego de un largo 2016 con números rojos. Pero a comienzos de este año, la demanda volvió a estancarse, y se encendieron luces de alerta en todo el sector mercantil. Según Fedecom, en marzo pasado las ventas en Córdoba cayeron un 0,4 por ciento, con una baja aún más pronunciada en la Capital del orden del 1,5 por ciento.

Ahora, con las boletas de los servicios recargadas, la disponibilidad de dinero que las familias tendrán para otros consumos será probablemente menor, y eso amenaza con neutralizar un eventual cambio de tendencia en los mostradores. A todo esto, los comerciantes aseguran que muchos clientes tienen sus tarjetas de crédito sobrecargadas, lo que reduce la posibilidad de que compren ahora y paguen después, y en cuotas.

Con este escenario, todo parece indicar que los próximos meses volverán a estar dominados por un ajuste obligado –mayor o menor– en los presupuestos de los hogares, que repercutirá directamente sobre los niveles de consumo interno. Los comerciantes lo saben. Y tratan de prepararse para aguantar el momento, a la espera de que los salarios recuperen fuerza y no queden tan a merced del ajuste tarifario que está por llegar.

LOS COMERCIANTES LO SABEN: TODO PESO EXTRA QUE VAYA AL PAGO DE SERVICIOS ES UN PESO MENOS PARA QUE LOS CLIENTES GASTEN EN SUS LOCALES.