El aborto casi no llega a la Justicia
En siete años, hubo en Córdoba 37 casos de aborto punible judicializados. Entre 2011 y 2017 fueron imputadas 57 personas.
En los últimos siete años, en la Justicia de Córdoba se han tramitado 37 causas vinculadas con el delito de aborto, por las que resultaron imputadas 57 personas, según un informe del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
A un mes de iniciado el debate por la legalización del aborto en el Congreso Nacional, y a seis años de la suspensión del protocolo para la atención de abortos no punibles en Córdoba, el número de casos judicializados en la provincia desde
2011 hasta la actualidad denota una baja incidencia de esta figura en el fuero penal.
El 54 por ciento de las causas se tramitó en Capital, y de los 57 imputados, el 60 por ciento fueron mujeres. Del total de las causas, el
54 por ciento continúa en etapa de investigación, el 14 por ciento se encuentra elevado a juicio, y el 32 por ciento restante ya fue sentenciado.
Del análisis de los tipos de delito consignados en el informe, sólo en el 25,4 por ciento se especifica que se trató de abortos sin consentimiento de la mujer gestante.
Soledad Deza es abogada, coordinadora de litigios de Católicas por el Derecho a Decidir de Tucumán, y tuvo a su cargo la defensa de “Belén”, una joven tucumana que fue condenada por un aborto espontáneo y llegó a estar casi tres años presa. Luego fue absuelta por la Corte Suprema de Justicia. “La verdad es que hablar de muchas o de pocas causas penales es algo relativo cuando hablamos de un evento obstétrico adverso en la vida de una mujer, sea por su voluntad o sin ella”, valoró la letrada.
“Un aborto consentido es un aborto decidido por la gestante, y en su mayoría se judicializan cuando ocurre algún tipo de complicación y la mujer debe ser ingresada al sistema de salud. El hecho de que se judicialice a la mujer o a quien lo realiza no deja de criminalizar un aborto decidido”, opinó Deza, consultada por LaVoz.
Y se explayó: “Independientemente de que puedan parecer pocas las causas penales tramitadas por aborto, el proceso penal en sí mismo es vivido como un castigo, más si está vinculado a la decisión de la mujer”.
Para Deza, no hay dudas de que los casos llegan a la Justicia en su mayoría por alguna complicación que pone en riesgo la vida de mujer. “A ese riesgo que corrió se suma la filtración de la confidencialidad: hubo alguien que violó el secreto profesional”, puntualizó.
“Que en la estadística figure un caso de aborto con consentimiento seguido de muerte evidencia cómo la judicialización se produce generalmente a partir de una complicación, pero al mismo tiempo muestra cómo la ilegalidad condena al subregistro, porque habrá muchos otros casos atendidos anotados con otros diagnósticos”, describió Deza. Y destacó que aún hay profesionales que, para preservar a la mujer, evitan consignar la causa de aborto en la historia clínica.
“Quien decide abortar y quien realiza un aborto, sea de manera onerosa o gratuita, se expone a la judicialización. En todos los casos, el mensaje es que no abortes ni ayudes a abortar”, concluyó Deza.
Nula incidencia
El fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo, quien ha intervenido en causas por aborto, consideró que los números estadísticos muestran la nula incidencia de penalización de las conductas contempladas en la figura de aborto.
“El sistema penal demuestra que es muy poco, casi nada, lo que puede hacer frente a esta problemática”, manifestó el fiscal, y agregó: “Si quiere prevenir o investigar, no se lo hace”.
“En los 30 años que llevo trabajando en la administración de Justicia, no conozco caso de una mujer condenada por hacerse un aborto, aunque sí de terceros involucrados”, describió.
Hidalgo cuenta que le tocó investigar y conocer de cerca la problemática del aborto, por lo que considera determinante el acompañamiento del Estado para garantizar condiciones de salubridad. “Una mujer en esta situación no puede quedar expuesta, y el Estado no puede abandonarla”, sentenció.