Las complicaciones de salud como únicas pistas
Entre tres y ocho casos por año. Esa es la estadística de incidencia de tratamiento en los tribunales de causas relacionadas con interrupciones de embarazos. Además, no todas fueron voluntarias.
Se presume, por otra parte, que la situación llega a la Justicia –o la Justicia a la situación– ante la prueba más dramática: las complicaciones de salud de la mujer gestante.
Podría pensarse, entonces, que hoy en los hechos no hay condena, pero esto no es totalmente cierto. La principal condena sobre la cual advierten quienes promueven la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es sobre la imposibilidad de realizar la práctica en las condiciones recomendadas para que no sea un riesgo para la vida de la mujer.
Además, está el hecho de que quienes están en contra de la despenalización afirman públicamente que el aborto es un crimen, juicio social que podría explicar, en parte, la secuela emocional que sigue a esa práctica.
El Primer plano de la edición de hoy está dedicado a una de las pocas estadísticas oficiales relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo.
El subregistro es una de las características del debate que se habilitó en el Congreso, donde las exposiciones son ricas en argumentos, pero deficientes en evidencias.
LA CONDENA SOBRE LA CUAL SE ADVIERTE ES SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LA PRÁCTICA EN LAS CONDICIONES RECOMENDADAS.
El informe realizado por Laura Giubergia –que contó además con la participación de nuestra Corresponsalía en Buenos Aires, que cubre diariamente lo que sucede en el centro de la discusión– muestra dos interpretaciones sobre la baja incidencia del aborto en las causas judiciales.
Para Aurelio García Elorrio, legislador provincial por Encuentro Vecinal Córdoba, es la consecuencia de un sistema que cubre a los profesionales que realizan una práctica que hoy no está permitida por la ley. Brenda Austin, en tanto, diputada nacional por la Unión Cívica Radical, afirma que la ley ya cumple su objetivo: disciplinar, bajo la amenaza de un Estado que responde con el Código Penal.