Suficiente para intentar disciplinar

La pregunta que nos estamos haciendo en el Congreso no es cuál es la posición individual de los legisladores que van a votar esta ley, sino cuál tiene que ser el rol del Estado. Un Estado que ha elegido responder con el Código Penal, bajo amenaza de penalización, como si eso fuese suficiente para disuadir a una mujer que decide abortar.

Esa criminalización ha fracasado: a lo largo y ancho del país, mujeres de todas las edades y clases sociales que deciden interrumpir sus embarazos, lo hacen. Entonces, comenzamos a discutir en qué condiciones lo hacen, si va a ser en la clandestinidad, poniendo en riesgo sus vidas, o como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) en condiciones de seguridad y salubridad. Un Estado que responde con el Código penal se está negando a responder con sus sistemas de salud, y esto pone en riesgo la vida de las mujeres.

Quienes sostenemos necesario avanzar en la legalización, lo hacemos desde la convicción de que es la mejor herramienta para defender la vida y para trabajar, también, en la reducción del número de abortos que se realizan en el país. Pero no podemos ser cómplices de una indiferencia que mata.

Los datos judiciales muestran que no es lo mismo la criminalización producto de abortos que la que ocurre con otros tipos de delito que atentan contra el orden público, pese a que algunos intenten falazmente extender la argumentación, ironizando por caso en que habría que legalizar los robos “porque ocurren”.

Esa cifra que parece pequeña es, sin embargo, suficiente para intentar disciplinar con el ejemplo, y pretender no sólo que las mujeres no accedan a su derecho, sino que se les niegue, incluso, en aquellos casos que ya están estipulados como no punibles.

ESA CRIMINALIZACIÓN HA FRACASADO: MUJERES DE TODAS LAS EDADES QUE DECIDEN INTERRUMPIR SUS EMBARAZOS LO HACEN.