Sobre la corrupción
La temática sobre la corrupción está en agenda permanente, en nuestra sociedad. Especialistas en la materia reconocen que, pese a los esfuerzos para luchar contra este flagelo en el mundo entero, los resultados favorables son, en general, muy lentos. De allí que sea difícil aspirar a sorprendentes mejoras en breves lapsos.
La organización no gubernamental Transparencia Internacional, que publica cada año el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) a nivel mundial sobre más de 170 países, sostiene que el fenómeno de la corrupción está presente en más de dos tercios de esas naciones. Y proporciona los nuevos posicionamientos en el ranking respectivo, sobre sus bases técnicas.
Si se toman como base los datos aportados por esa entidad, nuestro país mejoró su posicionamiento en el contexto de las naciones.
Aún lejos de reconocidos países reconocidos como los menos corruptos del globo (Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, entre otros) e incluso algunos de la región, como Uruguay o Chile, la Argentina evidenció un progreso.
En 2015, nuestro país se ubicaba en el puesto 106 y revirtió la tendencia descendente o de caída al pasar en 2016 al puesto Nº 95 y en 2017 al lugar 85. En 2002, la misma organización nos situaba en el puesto Nº 70, pero a partir de entonces iniciamos un largo retroceso.
En consecuencia, puede reconocerse que existe una mejoría en el posicionamiento de nuestro país al respecto.
La efectiva aplicación de las leyes, sumada a nuevos instrumentos normativos aprobados en la actual gestión de gobierno – tales como las leyes de Acceso a la Información Pública, del arrepentido y de Responsabilidad Penal Empresaria– y a la enfática actuación de organismos con mecanismos para contrarrestar el avance de este negativo fenómeno (como la Oficina Anticorrupción) constituyen claros avances en la materia.
Otras normas de valor permanecen pendientes en el Congreso de la Nación, como la denominada ley de extinción de dominio y la nueva ley de ética pública también anunciada.
Reviste singular importancia el ambicioso plan de reforma de la Justicia impulsado recientemente por la Corte Suprema de la Nación, con nuevos lineamientos de la política del Estado para la transformación y el mejoramiento de los poderes judiciales, centrando su eje en el fortalecimiento de la independencia de los jueces y nuevos instrumentos que permitan dar respuestas a la demanda de la sociedad, reforma esta general que incluye, obviamente, la aceleración de las causas penales por corrupción, narcotráfico, trata de personas y otros funestos males radicados en nuestra sociedad.
Además, por no ser menor debe tenerse en cuenta la orientación trazada en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible 2030 celebrada en las Naciones Unidas, donde se fijaron importantes pautas de desarrollo hasta 2030, con objetivos en materia de instituciones, sistemas de justicia eficaces, selección de magistrados y funcionarios altamente competentes en la administración de justicia.
El cúmulo de medidas focalizadas hacia el sector público y la actuación de sus funcionarios públicos, como también la relación del sector privado que interactúa con el Estado, acentúan el rumbo y la necesidad de reformas.
Esto es imprescindible frente a recientes decisiones judiciales que, particularmente en materia penal, provocaron aversión o rechazo en la opinión general de la sociedad y entre especialistas.
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL SOSTIENE QUE EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN ESTÁ PRESENTE EN MÁS DE DOS TERCIOS DE 170 PAÍSES.
* Abogado