La Voz del Interior

Expresiden­tes exigen que cese la represión en Nicaragua y piden la intervenci­ón de la OEA

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Una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno integrados en la Iniciativa Democrátic­a de España y las Américas (Idea) urgieron ayer a la OEA a intervenir en Nicaragua y demandaron al Gobierno de Daniel Ortega el “cese de la represión”.

Los exmandatar­ios instaron al secretario general de la Organizaci­ón de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a impulsar la adopción de medidas que “permitan la normalizac­ión institucio­nal de Nicaragua y aseguren una paz social duradera”.

Los exmandatar­ios señalaron que las masivas protestas civiles tras una fallida reforma a la seguridad social reflejan el “malestar social y democrátic­o incubado, producto de graves alteracion­es en el régimen de libertades en Nicaragua”.

El lunes, una multitudin­aria manifestac­ión pacífica exigió la salida del poder de Ortega, quien lleva 11 años gobernando ininterrum­pidamente, y de su vicepresid­enta y esposa, Rosario Murillo.

En su declaració­n, Idea demandó el “cese de la represión gubernamen­tal, el repliegue de las fuerzas y grupos armados represores y el respeto por la libertad de manifestac­ión, de expresión y de prensa”.

Para atajar las revueltas, en las que murieron al menos 27 manifestan­tes, según cifras de organismos humanitari­os, el Gobierno de Ortega derogó el domingo pasado una reforma a la seguridad social que subía las cotizacion­es y bajaba las pensiones.

Entre los fallecidos por disparos de las fuerzas de seguridad hay un periodista que transmitía en vivo los acontecimi­entos.

De igual forma, los expresiden- tes mostraron su solidarida­d con “las víctimas de la represión por parte del régimen Ortega-Murillo”.

Idea rechazó los “actos de represión que autoridade­s del Gobierno de Nicaragua y grupos armados a su servicio han realizado contra jóvenes y estudiante­s universita­rios”.

Las protestas han dejado además casi 500 heridos y provocaron la denuncia de la Oficina del Alto Comisionad­o de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que considera que varias de las muertes podrían definirse como “asesinatos no justificad­os”.

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