Un avance en defensa de los niños
Basta repasar los informes difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tomar conciencia de la magnitud que ha alcanzado en el mundo el abuso infantil. Por cierto, son datos poco alentadores, pese a la batalla que se extiende a escala global para erradicar este flagelo.
Al respecto, el organismo, dependiente de las Naciones Unidas, concluye en que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años.
En muchos casos, se trata de episodios ocurridos en el propio seno familiar, por lo cual una ínfima cantidad de estos acontecimientos aberrantes son denunciados en la Justicia. Y, como corolario de ese silencio encerrado en la intimidad hogareña, los abusadores continúan impunes.
Hay, sin embargo, avances en materia legislativa que pueden contribuir a modificar los procedimientos contemplados en la ley vigente y dotar a la Justicia de un rol más activo en el seguimiento e investigación de los hechos.
En la Argentina, el abuso sexual a menores de 18 años es un delito considerado de “instancia privada”, de modo que para habilitar una investigación penal debe prevalecer la voluntad de los responsables tutelares de la víctima.
Para salvar esa suerte de vacío legal (toda vez que, como queda dicho, muchas veces los agresores son miembros del grupo familiar), en diciembre de 2017 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad una modificación del artículo 72 del Código Penal.
De esta forma, el abuso sexual infantil pasará a ser un delito de acción pública y los fiscales de primera instancia estarán obligados a investigarlo de oficio, sin aguardar el consentimiento de los padres o de los familiares del niño.
La iniciativa, presentada por la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución RadicalCiudad Autónoma de Buenos Aires), ya fue aprobada en comisión en el Senado y ahora pasará a debate en el plenario de la Cámara Alta.
Paula Wachter, titular de la organización no gubernamental Red por la Infancia, y también impulsora de la ley para que el abuso sexual en la infancia sea un delito público, resume la problemática de manera taxativa: “Dejar en la familia el control de la acción (penal) es dejar la situación en manos del agresor; ponerle una barrera al niño”.
La Justicia y los organismos con competencia en la defensa integral de los menores (sobre todo los más vulnerables y en situación de riesgo constante) tienen por delante la ardua tarea de definir políticas de acción urgentes, como forma de evitar la reiteración de estas atrocidades. Y, desde la instancia judicial pertinente, caer con todo el peso de la ley sobre los abusadores.