Investigan a empleada judicial por encubrir a un prófugo del trágico tiroteo
Lejos aún de terminar de armarse, el rompecabezas de la investigación por el trágico tiroteo en Nueva Córdoba continúa sumando nuevas piezas.
En las últimas horas, el domicilio y el lugar de trabajo de una empleada judicial fueron allanados y ella quedó en la mira como sospechosa de brindar cobertura a su hermano, el último prófugo que tiene esta historia: Ariel Rodríguez Murúa (45).
Según trascendió de fuentes que siguen el caso de cerca, el lunes último el fiscal de Distrito 1 Turno 4, Rubén Caro, ordenó dos allanamientos en el domicilio particular y en la oficina laboral de la mujer, ambos en el interior provincial.
Al no estar imputada todavía, los informantes fueron cautos tanto en brindar su identidad como en señalar la fiscalía en la que trabaja.
De todos modos, trascendió que se trata de una sede judicial de una ciudad ubicada a pocos kilómetros de la capital cordobesa. Allí, a los investigadores les llamó mucho la atención el hallazgo de dos teléfonos celulares que estaban guardado en un cajón de su escritorio.
En la casa de la mujer se secuestraron otros cuatro teléfonos y se incautó un auto Ford Focus gris, sobre el que pesaba un pedido de secuestro ordenado en abril en el marco de esta causa.
El rodado está a nombre del padre del prófugo, con autorización y uso por parte de Ariel Rodríguez Murúa, de acuerdo con lo que surge de los registros de la Municipalidad de Córdoba.
También figura que sobre el rodado constan varias multas impagas.
Paralelamente, desde la fiscalía se libraron otras órdenes de allanamiento en la ciudad de Córdoba y en localidades cercanas en procura de dar con el buscado o, en su defecto, de encontrar algún dato que permita llevar a los policías hacia su escondite.
Buen pasar
En la mesa de la investigación de la que participan policías de Investigaciones Criminales, Robos y Hurtos, y de la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO), hacen hincapié en el particular círculo familiar de Rodríguez Murúa: a su hermana, empleada judicial con un cargo importante en una fiscalía provincial, le agregan que su padre goza de un pasar económico estable tras jubilarse como empleado estatal.
Un perfil que se acerca más al de Ricardo Serravalle (52), uno de los ladrones abatidos, que al del resto de la banda. Es decir, dos hijos de familias sin privaciones ni carencias que se volcaron al delito.
En el prontuario figura que Rodríguez Murúa tuvo condenas por asaltos y que en la cárcel lideró una banda de secuestradores virtuales.
Fue en un pabellón de la ahora expenitenciaría de barrio San Martín, de la ciudad de Córdoba, donde conoció a parte del grupo que ejecutó el golpe comando del 16 de febrero en un departamento de calle Rondeau 84, en Nueva Córdoba.
En aquella oportunidad, los ladrones mataron al policía Franco Ferraro (29). Y fueron abatidos Serravalle y Rolando Ricardo “el Ciego” Hidalgo (63), dos asaltantes con un grueso prontuario.
Otro delincuente, Diego Tremarchi (34), fue atrapado esa madrugada, mientras que otros dos, Rodríguez Murúa y Ariel Gramajo (45), lograron escapar en medio de una descomunal balacera en la que hubo no menos de 90 proyectiles cruzados.
El lunes de la semana pasada, luego de tres meses en la clandestinidad, Gramajo fue atrapado por una brigada cordobesa en el partido de Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense.
Desde entonces, toda la investigación se concentró en la búsqueda de Rodríguez Murúa, quien apenas se consumó el robo en Nueva Córdoba huyó de su casa de Villa El Libertador, junto con su mujer y sus pequeños hijos. Uno de ellos tiene un problema de salud que lo obliga a tomar una medicación especial. Según comprobaron los pesquisas, la familia se llevó dosis para unos dos meses.
En las últimas horas, se supo que la mujer y los niños habían regresado a la ciudad de Córdoba. Pero a él todavía nadie lo ha visto.