La relación Estado-Iglesia
menemismo por garantizarse la continuidad y la de la oposición por no extinguirse– expliquen el artículo segundo de dicha Carta Magna, que reitera el texto original: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
Se desaprovechó entonces la oportunidad de revisar una cuestión que ya había eclosionado en los tiempos de Julio Argentino Roca. Y prosiguió con el violento desencuentro de 1945-55, para seguir en los años de Arturo Frondizi, cuando se debatía con fervor entre “laica o libre”.
Las recientes confrontaciones por el tratamiento en la Cámara de Diputados de la legalización del aborto, que mostró a círculos fundamentalistas –y también a algunos prelados– en inadmisibles actitudes de presión, y las que se avecinan por el paso del mismo proyecto al Senado ratifican que, como todas las relaciones complicadas, esta debe ser replanteada. Ningún credo debería tener primacía constitucional sobre los restantes ni aportes del Tesoro, ya que ello implica una discriminación hacia quienes nada reciben. Tampoco resulta admisible que cualquier sector se atribuya el rol de conciencia moral de la Nación, práctica ajena al sano laicismo que requiere una república inclusiva, más allá de cual fuere el sentir espiritual de sus habitantes.
No es de gran ayuda la reciente intervención papal que, soslayando la tradicional y sutil diplomacia vaticana, equiparó con los nazis a los miles de ciudadanos argentinos que, aun cuando no propicien el aborto, se oponen a que este siga siendo una práctica furtiva y que se condene a quienes se ven obligados a recurrir a esa instancia extrema. Si de veras queremos avanzar hacia una sociedad adulta, esta y otras cuestiones deben ser discutidas antes de que pasen otros 100 años, pensando en el futuro más que en la coyuntura.
Ello implica auscultar el sentir de la sociedad y replicar las voces de esta en el Parlamento, el lugar que corresponde. La valiosa experiencia de los recientes debates marcan un camino para la escucha atenta y respetuosa a todos los sectores, ya que en democracia no corresponden las imposiciones sino los consensos, y máxime en temáticas como la que abordamos.