Hungría : cárcel a los que ayuden a los migrantes
BUDAPEST. El populista Viktor Orbán y su partido, el nacionalista y eurófobo Fidesz, lanzaron un nuevo desafío a la Unión Europea.
El Parlamento húngaro, donde la formación ultraconservadora tiene supermayoría, aprobó un paquete de medidas que criminalizan y castigan con penas de hasta un año de cárcel a los individuos o grupos que ayuden a los inmigrantes irregulares, incluso si esa ayuda es para asesorarlos e informarlos sobre cómo solicitar asilo.
Es la conocida como Ley Stop Soros –por el filántropo y magnate George Soros, cuyas ideas de una sociedad abierta y liberal lo han convertido en el enemigo número uno de Orbán–, que el primer ministro húngaro decidió sacar adelante como parte de su cruzada contra la inmigración pese a las voces de alerta de Bruselas, de las organizaciones de derechos humanos e incluso de sus aliados del Partido Popular Europeo (PPE).
El primer ministro húngaro es uno de los cabecillas de los populistas europeos y pionero en distintas medidas xenófobas que ahora ganan terreno entre sus afines.
Las organizaciones de derechos civiles y entidades internacionales como Unicef se apresuraron a criticar la nueva ley; la primera de la nueva etapa Orbán tras las elecciones y aprobada, además, el día mundial del refugiado.
Alertan de que supone una grave amenaza a los derechos humanos y a quienes los defienden. “Publicar un folleto de información que resume las reglas húngaras en materia de asilo será considerado delito, sancionable con encarcelamiento”, ejemplifica Gábor Gyulai, del Comité Helsinki, una ONG especializada en asistencia jurídica a refugiados y migrantes.
“La medida se añade, además, al desmantelamiento del sistema de asilo húngaro”, critica.
La enorme victoria en los comicios del pasado abril, en los que Orbán revalidó un tercer mandato consecutivo con un discurso centrado en el odio y el miedo a las personas refugiadas, ha permitido a los legisladores de Fidesz aprobar también una reforma de la Constitución para incluir un artículo que explicite la prohibición de reasentar “población extranjera” en Hungría (a excepción de europeos) y declare que la composición de la población del país no puede ser modificada “mediante una voluntad externa”.
Ambos puntos son una alusión directa a la política migratoria comunitaria, que dispone el reparto de una cuota de solicitantes de asilo entre los estados miembro y que Hungría nunca quiso cumplir.
El país centroeuropeo, que se encontró en el verano de 2015 en sus fronteras a miles de personas que huían de la guerra y la pobreza y que pretendían cruzar el país para seguir su camino hacia Alemania o los Nórdicos, no acogió a uno solo de los 1.200 refugiados procedentes de Italia o Grecia que le hubiese tocado por el reparto comunitario.
Con la ley Stop Soros Orbán y el Fidesz han ido un paso más en su enfrentamiento con Bruselas, que ya tiene un procedimiento abierto contra Hungría por su persecución a la Universidad Centroeuropea de Budapest, financiada por Soros, y que había manifestado su preocupación por la aprobación de la ley, que estrecha tanto el cerco sobre las ONG y la sociedad civil que las puede arrastrar a su desaparición.