Sarlo pide un relevo
Con la iniciativa de reforma de las Fuerzas Armadas, el gobierno de Mauricio Macri abrió un nuevo frente de conflicto. Estela de Carlotto ya convocó a una manifestación en contra. Sostiene que Macri ha resuelto militarizar las calles para reprimir la protesta social. El colectivo de los derechos humanos intentará movilizar una multitud similar a la que rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el cómputo de penas para condenados por delitos de lesa humanidad.
Tras el fracaso de la operación política montada en torno del caso Maldonado, las organizaciones de derechos humanos se habían replegado sobre otros reclamos vinculados a la agenda de género. Con la reforma militar, reactivarán su discurso, que siempre intentó identificar al gobierno de Macri con la última dictadura militar.
Cristina Fernández opinó en el mismo sentido. Dijo que la decisión de Macri sobre las Fuerzas Armadas invade facultades parlamentarias y violenta un consenso fundacional de la restauración democrática: que los militares no deben intervenir en la seguridad interior.
Al mismo tiempo, Hugo Moyano y sus dos hijos se presentaron en conferencia de prensa para denunciar que una multa aplicada a los camioneros –el gremio más activo de los que conducen en la corporación sindical– forma parte de las conductas autoritarias del Gobierno. Los Moyano suscriben la misma teoría: el país asiste a un gobierno de facto.
(Como una secuela degradada del mismo razonamiento, Claudio Tapia, el yerno de Moyano que preside la corporación que administra la Asociación del Fútbol Argentino, dijo que es víctima de operaciones ilegítimas para destituirlo).
El dirigente piquetero Juan Grabois publicó una opinión que no menciona a Macri, pero lo alude con adjetivos. Para el consejero del Papa, el presidente argentino es un republicano de mal gusto, modernizador de bajo costo, capitalista prebendario, patrón bananero, mafioso pistolero y cipayo clarinista.
Las lindezas de Grabois se enmarcan en un clima de confrontación entre el gobierno de Macri y la Iglesia Católica por el debate del aborto.
Con menos estridencias, la liga de gobernadores justicialistas y sus representantes parlamentarios –que son la clave de cualquier mayoría en el Congreso Nacional– discute con los ministros de Macri los porcentajes del ajuste fiscal convenido con el Fondo Monetario.
En paralelo, el Gobierno también debe negociar con el Fondo las condiciones de aplicación de ese acuerdo. Con un ojo en la tecnocracia de Christine Lagarde y otro en las corporaciones financieras de alcance global, que a cada minuto establecen el pulso de los mercados de inversión.
Con sólo un golpe de vista, se hace evidente que el Presidente tiene abiertos frentes de conflicto con corporaciones poderosas. Que no le perdonan ninguna de sus opciones políticas.
A esos frentes abiertos habría que sumar los que persisten aunque hayan perdido visibilidad en la agenda pública: narcotraficantes desairados por la nueva política de seguridad; empresarios en vilo por las investigaciones en curso por causas de corrupción; jueces encogidos en sus despachos por la misma razón; medios de comunicación en crisis por la drástica reducción de la pauta publicitaria oficial; artistas e intelectuales impactados por la reducción de subsidios.
Todos los afectados por las medidas oficiales encontraron ayer un indicador oportuno que les permitirá hilvanar un discurso uniforme: en mayo pasado, por la sequía y la crisis cambiaria, la actividad económica se derrumbó casi seis puntos.
Es la peor caída de toda la era Macri, y ocurrió antes de que comience la recesión anunciada por el Gobierno para el segundo semestre.
En el momento más desfavorable de su programa económico, Macri ha resuelto avanzar con el programa de reformas del que está convencido.
No será de Beatriz Sarlo. Pero el momento comienza a demandar una indagación nueva sobre la audacia y el cálculo.
En medio de los cuestionamientos de la oposición y de los organismos de derechos humanos, el Gobierno nacional salió a aclarar que en las nuevas acciones que se les han asignado a las Fuerzas Armadas no está la seguridad interior ni la de reprimir las protestas sociales.
El ministro de Defensa, Oscar Aguad, fue uno de los que más énfasis pusieron en descartar esta cuestión. “Ni se nos ocurrió jamás pensar en una hipótesis de esa naturaleza”, sentenció el responsable del área.
Preocupado por la reacción que hubo en sectores opositores de las organizaciones de derechos humanos, desde la Casa Rosada trataron de no dejar dudas sobre el nuevo rol de las FF. AA.
“No habrá ningún militar en ninguna calle de ninguna ciudad del país”, dijo tajante la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Ambos funcionarios se encargaron de subrayar que el objetivo es reubicar los recursos de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea en las zonas de fronteras más expuestas a las amenazas del narcotráfico y del terrorismo.
“Lo que ahora se permite es que las FF.AA. actúan frente a cualquier ataque de origen externo, que puede ser perpetrado por un Estado o por nuevas organizaciones que existen, que son el terrorismo, el narcotráfico, o cualquier