El Estado y la violencia política
reivindicó la lucha armada contra el Estado nacional hasta lograr la instauración de una “nación mapuche” que se declararía anticapitalista, antioligárquica y antiimperialista.
La RAM opera en la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut. En los últimos cinco años, la Justicia ha investigado su participación en más de 70 hechos violentos.
Entre otros, quema de refugios turísticos ubicados en parques nacionales; destrucción de maquinaria agrícola; ocupaciones de tierras, privadas o fiscales; robo de ganado; ataques a estancias y casas particulares; violentas amenazas a residentes de la zona, que incluyen simulacros de fusilamiento y actos de tortura; sabotajes al tendido eléctrico; y la quema de la estación Bruno Thomae de La Trochita, en El Maitén.
El 1° de agosto del año pasado, el violento despeje por parte de Gendarmería de un corte de la ruta 40 –promovido por la RAM– derivó en la muerte de Santiago Maldonado. Y a fines de noviembre, cuando un grupo mapuche asociado a la RAM ocupó un predio de Parques Nacionales en la zona de Villa Mascardi, en el operativo de recuperación de la zona, que encabezó el Grupo Albatros de la Prefectura murió Rafael Nahuel.
La RAM representa a una ínfima minoría de los mapuches. La mayoría de los líderes comunitarios tomaron distancia de esta organización y no dudan en señalar que “hace terrorismo” y que esa no es la vía para reclamarle al Estado argentino que acceda a ciertas demandas del pueblo mapuche.
Con todo, es hora de que las autoridades nacionales, junto con las provinciales y municipales de la zona afectada, establezcan un plan de acción cuyo objetivo sea la prevención de estos ataques para proteger tanto a los habitantes como a los turistas.
La violencia política que padece desde hace años un sector importante de nuestra Patagonia debiera ser un caso testigo: la RAM es una muestra palpable de que el Estado necesita herramientas legales para enfrentar a los violentos sin violar los derechos humanos y la Constitución Nacional.