El verdadero poder de la Policía
Casi al mismo tiempo en que a mediados de semana criticaba el decreto presidencial que asignaba nuevos roles internos a las Fuerzas Armadas, el gobernador Juan Schiaretti presentaba 1.220 nuevos policías, en un acto que incluyó una formación castrense frente a la misma Casa de Gobierno.
En total –destacó el Gobierno provincial en diferentes gacetillas y propagandas oficiales– son más de 4.000 los agentes incorporados en los últimos años.
Desde las Fuerzas Armadas hasta los novatos policías cordobeses, una vez más el discurso de la (in)seguridad copó en los últimos días la agenda pública del país y de la provincia.
Una sombra cada vez más grande se observa sobre cualquier promesa o relato que se ha intentado construir hasta ahora alrededor de esta problemática, una de la que mayores reclamos genera en cualquier encuesta social.
La droga y las armas continúan siendo una constante en vastos territorios de la provincia, mientras que graves episodios de inseguridad vuelven a copar la agenda periodística a la par de otras malas noticias.
Ante esto, una atribulada Policía local, atravesada por la denuncia sobre un supuesto faltante de miles de armas, desde ayer comenzó a mostrarse de manera masiva en las calles cordobesas en procura de un golpe de efecto.
Otra vez, se apela a la vieja receta de parecer.
Pero, en el fondo, la llaga arde como hacía mucho no lo hacía.
La principal fuerza de seguridad no deja de estar en el ojo de la tormenta pública. Se superponen las voces críticas que desnudan no sólo a este ejército de casi 20 mil varones y mujeres, sino a todo un aparato de seguridad.
En Tribunales 2, donde se sustancian las causas penales, fiscales y jueces dejan traslucir ya sin eufemismos la desconfianza hacia aquellos que terminan por ser sus ojos ante cada caso que tienen que resolver.
Advierten que el poder territorial de la Policía en Córdoba es muy grande y subrayan que este escándalo por el posible faltante de las armas deja otra vez al descubierto el descontrol oficial sobre la fuerza. E insisten con una vieja puja entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Hoy, la Policía continúa con el manejo casi exclusivo de los certificados de buena conducta, las planillas prontuariales y las huellas dactilares, entre otros datos sensibles. “Manejar la información es acumular poder”, reza un antiguo precepto que todavía mantiene vigencia.
Después del desmanejo con el armamento, ¿quién puede asegurar en Córdoba que todo el resto está ordenado dentro de Jefatura?
Claro que la Justicia tampoco se puede poner sólo a la defensiva. Hace tres años, Fiscalía General administra la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), cuya creación fue todo un síntoma.
Hace una semana, una fuente del Ministerio de Seguridad de la Nación aseguró a LaVoz que habían tenido “algunas dificultades” en operativos conjuntos de fuerzas federales y de la provincia en “determinados barrios de la ciudad de Córdoba”.
Revisar el mapa de operativos de la FPA hace pensar que en Córdoba existen barrios libres de drogas. Lástima que al recorrerlos se observe, a simple vista, una profusa dinámica criminal.
Se sabe, por otras experiencias nacionales, que enfrentar a la propia Policía, cortar sus “cajas” y atenuar su poder supone un alto costo para cualquier gobierno que se anime.
Pero la misma historia enseña que el llamado “autogobierno policial” siempre termina, antes o después, por volverse en contra de aquellos que se dedican a la política.
Porque el principal objetivo, aquel de intentar darle algo de seguridad a los vecinos, se termina por perder de vista en el medio de semejante maraña de intereses cruzados.
DESPUÉS DEL DESMANEJO DE LAS ARMAS, ¿QUIÉN PUEDE ASEGURAR QUE EL RESTO DE LA JEFATURA ESTÁ EN ORDEN?