En Córdoba, aportantes ocultos durante tres años
La identidad de los que pusieron dinero para la campaña de Unión por Córdoba en 2015 permaneció oculta hasta el viernes. Las principales fuerzas reconocen haber recibido dinero en efectivo.
La identidad de los aportantes a la última campaña provincial de Unión por Córdoba permaneció oculta desde la elección de julio de 2015 hasta el viernes de la semana pasada, luego de que, el miércoles, La Voz le hizo notar al Tribunal Electoral de la Provincia que en los balances cargados en la web oficial estaban en blanco los casilleros destinados a identificar los aportantes de fondos.
Ante el caso que sacude a nivel nacional, por la última campaña legislativa en la provincia de Buenos Aires en la que se habrían fraguado aportantes a Cambiemos con la utilización de beneficiarios de planes sociales, este medio intentó conocer los listados de contribuyentes de la última elección de gobernador en Córdoba.
Esa información debe ser pública, porque los partidos están obligados a presentar sus balances a los 60 días de la elección, y la rendición debe estar disponible para cualquier ciudadano en los sitios del Poder Judicial.
Pero, hasta el viernes, tres años después de la elección, de las agrupaciones más importantes que compitieron –Unión por Córdoba, Juntos por Córdoba y Córdoba Podemos–, sólo estaban disponibles en la web los aportantes de Juntos por Córdoba, el germen de Cambiemos en la provincia.
Los balances de las coaliciones que representan al peronismo y al kirchnerismo cordobés remitían a un anexo que no estaba en ningún lado.
Esos anexos fueron escaneados y subidos después de la requisitoria de este medio.
La ley obliga a presentar “aportes y donaciones privadas de personas físicas y/o jurídicas, indicando: nombre y apellido o razón social DNI o Cuit, domicilio, fecha, número de recibo, importe en pesos del aporte o donación recibida y tipo: efectivo o transferencia bancaria”.
Semejantes niveles de precisión no están en los listados de ninguna fuerza.
Repaso
De un repaso por los aportantes de las principales agrupaciones, surge que colaboraron candidatos, familiares, funcionarios, dirigentes, allegados y empleados de los tres poderes del Estado. Entre las personas jurídicas, hay varias empresas que tienen relación directa con el sector público.
Otro dato destacable es que las principales agrupaciones reconocen haber recibido la mayor parte de los aportes en efectivo, a contramano de todas las recomendaciones sobre manejo de fondos de campaña respecto de la necesidad de bancarizar esas contribuciones, como se quiere legislar a nivel nacional.
En cero
Todos esos balances fueron aceptados por el Tribunal Electoral de la Provincia.
De las 12 agrupaciones que compitieron en la elección provincial de 2015, se aprobaron ocho rendiciones y se aplicaron sanciones a cuatro agrupaciones por no pre- sentar a tiempo los papeles. Fueron Coalición Cívica, Movimiento Unidad Popular, Unión Celeste y Blanca, y Partido Liberal Republicano. Es decir, ninguna de las que accedió aunque fuera a representación parlamentaria.
Pero lo curioso es repasar lo que se aprobó como rendición de gastos de campaña. La más costosa en 2015 fue la de Unión por Córdoba, que reconoció gastos por 32 millones de pesos.
Pero, en un repaso por el balance, figuran en cero estos rubros: honorarios profesionales de asesores de campaña, honorarios por estudios de la opinión pública, honorarios profesionales, gastos por telemarketing, gastos por cuentas telefónicas, gastos por investigación de mercado, sueldos de personal adicional, cargas sociales de personal adicional, librería y papelería adicional, teléfono adicional, avisos oficiales, movilidad y viáticos, retribución a fiscales, capacitación y formación adicional, gastos de refrigerio y agasajos adicional, honorarios profesionales de agencias.
Es decir que, para la campaña de la fórmula triunfadora Juan Schiaretti-Martín Llaryora y su lista de legisladores provinciales por distrito único y uninominales por los 26 departamentos, no se gastó un centavo en encuestas, traslados, comunicaciones, agencias de publicidad, creativos y papelería, entre otros rubros.
Y la Justicia electoral provincial no hizo una sola observación sobre esto.