Mestre pidió al sector privado que intercediera ante la Provincia
que los peronistas esperaban contar con el apoyo de algunos legisladores kirchneristas de Córdoba Podemos y de al menos dos o tres radicales. Esa hubiera sido la frutilla de la victoria política, que el oficialismo no pudo exhibir como quería.
A favor y en contra
La sesión se abrió con el miembro informante, el oficialista Isaac López, quien explicó los detalles del pacto.
Para el oficialismo, los intendentes que se sumen recibirán más beneficios que los que se conocen:
1.200 millones de pesos, más un fondo de emergencia financiera de
500 millones de pesos, para las gestiones municipales con dificultades económicas.
También habrá un plan de viviendas sociales al que podrán acceder municipios y comunas.
Para el peronismo, los recursos alcanzarán los 2.500 millones
El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, pidió ayer al sector privado que intercediera ante la Provincia en el conflicto por la distribución de los fondos de la coparticipación federal.
En la Bolsa de Comercio, Mestre les dijo a los presentes: “Si pueden acercar a las partes para tratar de resolver esto, yo se lo voy a agradecer. Concibo vivir en democracia con la base en dialogar. Así que pongo un menudo desafío, si ustedes pueden ayudar a encontrar un camino de diálogo”.
Antes, el intendente hizo una descripción de la situación financiera y económica del municipio, en la que destacó la reducción en el gasto corriente y el bajo impacto de la deuda pública.
Luego, se refirió al reclamo al Gobierno provincial por los fondos coparticipables. Sostuvo que la deuda proyectada a fin de 2018 ascenderá a 1.800 millones de pesos. En ese sentido, rechazó el acuerdo propuesto por la Provincia, ya que sólo reconoce 485 millones de pesos.
“La deuda no es con esta gestión, de pesos.
La primera sorpresa fue el segundo orador. El macrista Darío Capitani criticó a la gestión provincial, pero terminó anunciando que su bloque votaría a favor “porque el pacto tiene el apoyo de la mayoría de los intendentes”.
El segundo dato llamativo lo entregó el cristinismo. El legislador Martín Fresneda cuestionó con dureza a la gestión nacional macrista. Y anunció su rechazo al proyecto oficial acusando al gobernador Schiaretti de “no enfrentar el ajuste de Macri”.
El rechazo de los legisladores que tienen como referencia a Cristina Fernández dejó algunos ceños fruncidos entre los peronistas.
Como era esperable, los opositores Aurelio García Elorrio y Liliana Montero rechazaron el proyecto del gobernador. Acusaron al oficialismo de no dialogar y se solidarizaron con los intendentes.
Los dos bloques de izquierda sino con los vecinos de la ciudad de Córdoba”, manifestó el intendente, que reiteró: “Si la Provincia no los distribuye correctamente, la Municipalidad no va a poder disminuir la presión fiscal sin generar déficit al vecino”.
La respuesta por parte del Gobierno provincial estuvo a cargo del secretario de Asuntos Institucionales, Miguel Siciliano. también mostraron su rechazo.
“Entendemos a los intendentes, pero no se puede renunciar a hacer demandas en el futuro contra la Provincia”, argumentó el juecista Juan Pablo Quinteros, quien denunció “aprietes” a los jefes municipales para firmar.
Entre los radicales, los que hablaron cuestionaron con dureza al oficialismo. Miguel Nicolás y el mestrista Javier Bee Sellares fueron los más incisivos en sus discursos. Acusaron al Gobierno provincial de “apretar” a los intendentes. Compararon al gobernador con el kirchnerismo, aunque a esa altura ya se sabía que cuatro radicales se abstendrían.
Carlos Gutiérrez, titular del bloque oficialista, cerró el debate con una encendida defensa de la iniciativa. Y le apuntó a Mestre, sin nombrarlo. “Este pacto es para ayudar a los intendentes y no lo pudo tumbar el capricho de un candidato opositor”, concluyó.
“Mestre miente porque prioriza la política partidaria y su posible candidatura por sobre el interés de la ciudad”, dijo el funcionario.
“La Provincia generó un aumento de coparticipación de enero a julio de 2018 del 40 por ciento, y superó en un 15 por ciento la inflación”, remarcó, al tiempo que dijo que 380 municipios de todos los partidos políticos firmaron.
No podría haber sido más oportuno para unos e inconveniente para otros. La eliminación del denominado “fondo sojero” dispuesta por la administración de Mauricio Macri fue decretada un día antes de que la Unicameral aprobó ayer el pacto fiscal provincial. A pesar de las críticas opositoras, en especial las de Cambiemos, el acuerdo doméstico va en dirección contraria al recorte de fondos a los municipios ejecutado por la Nación.
Justo en el momento en que los radicales mestristas descargan críticas severas hacia el gobierno de Juan Schiaretti por lo que consideran un reparto de recursos no ajustado a la Constitución, la tijera macrista compromete el financiamiento de pequeñas obras de infraestructura que están en marcha en ciudades, en pueblos y en comunas de la provincia.
En nombre del necesario achique del rojo fiscal, el fuego amigo, esta vez, llegó desde la Casa Rosada.
Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Villa María, Río Tercero y Jesús María –sólo para poner a algunos gobiernos como ejemplo– dejarán de percibir cuotas mensuales de entre 500 mil y dos millones de pesos.
Para la Capital, el agujero es mayor. Hasta mitad de año, el Fondo Federal Solidario que drenaba a las provincias el 30 por ciento de las retenciones a la soja (y replicaba el mismo porcentaje hacia los gobiernos locales) representó ingresos por 130 millones de pesos.
El guadañazo coincide con el desplome que muestran las recaudaciones locales, consecuencia de la retracción comercial que también se siente con fuerza en el interior.
“Como no tiene consecuencias, porque el municipio no puede dejar de prestar los servicios, lo primero que deja de pagar la gente son los impuestos”, repiten a coro los intendentes.
La queja alcanza a otra pata del financiamiento –más inestable, pero que aportaba fondos al fin– que también se estranguló: los aportes del Tesoro nacional (ATN) ya no llegan desde Buenos Aires con el ritmo de los primeros dos años, acotan por lo bajo los jefes municipales de Cambiemos, con ventaja en ese reparto por tener la misma camiseta que el Gobierno central.
Ver más allá
A menos de un año de las elecciones provinciales, el delicado contexto económico asoma funcional a la efectiva estrategia que Unión por Córdoba despliega para captar el voto del interior, corazón de su electorado, que le ha sido fiel en el tiempo para compensar el histórico déficit electoral capitalino.
Si más de un centenar de intendentes opositores suscribieron el pacto propuesto por Schiaretti, ahora, caído el “fondo sojero”, algunos más podrían tentarse a aceptar la oferta que aún espera por interesados en el Panal.
Sin dejar de criticar a la Provincia, eso admitían ayer referentes de los foros radicales y macristas. “La quita del fondo sojero llega en el peor momento”, aseguraron desde esos núcleos.
Suscribir el acuerdo no sólo habilita a los beneficios financieros que figuran en la letra de la flamante ley sancionada ayer. También otorga una especie de credencial VIP para un trato preferencial, ante cualquier vicisitud. “El que no firma no recibe nada”, había dicho hace 10 días Schiaretti.
La aceptación mayoritaria del acuerdo por parte de los intendentes fue vivida como un triunfo político por el peronismo. Sin embargo, allí no residiría el logro mayor. Quienes articularon las negociaciones con los intendentes opositores utilizaron la movida para aceitar viejos lazos de cara a los comicios del año próximo.
Es vox populi la falta de compromiso de muchos caciques locales a la hora de poner el cuerpo por una causa que no es la propia.
Conocedor de esa faceta, el PJ ya sacó la primera ventaja.