Los fracasos de la democracia argentina
Inflación, corrupción y pobreza son las tres batallas que ha perdido la democracia argentina. Llevamos 34 años de democracia y ningún gobierno ha logrado torcer el rumbo trágico de la historia en estos tres aspectos.
En 1984, Enrique García Vázquez, entonces presidente del Banco Central, declaraba ante el Club de París que la herencia recibida del terrorismo de Estado era una inflación del 8% mensual. Hoy tenemos casi 4% mensual en un continente con una inflación promedio del 5%... anual.
Los índices de percepción de corrupción de la década de 1980 y los de 2017 son los mismos. Sólo hubo decorados de anticorrupción.
En materia de pobreza, es peor aún la realidad: los índices subieron de 20% a 34% de 1983 a hoy.
Somos el país de America latina con menor crecimiento en producto interno bruto total y per capita en estos 34 años. Ello pese a que durante el kirchnerismo la tonelada de soja llegó a valer 700 dólares.
Países como Chile y Colombia nos han superado en muchos aspectos. Y los mayores logros que ha tenido nuestra democracia, como el juicio a las juntas militares, no son suficientes para compensar tales fracasos.
Ganadores, perdedores y responsables
El fracaso de la democracia argentina, más allá de logros que dan esperanza, trajo los perdedores de siempre: trabajadores y clase media.
Pero hay nuevos ganadores. Ellos son los sectores sociales que pertenecen o se sirven de la estructura de poder de la corrupción. Porque la corrupción no es un simple pecado. Es una estructura de poder integrada por tres sistemas que funcionan de modo armónico: el poder político, el económico y el Judicial.
Y la máxima responsabilidad la tienen los gobernantes. Veintitrés años fuimos gobernados por el peronismo; ocho años por la UCR y llevamos dos años con el PRO. La realidad del fracaso los iguala.
Alexis de Tocqueville, en su libro La democracia en América, dice con razón que la verdadera esencia de la democracia es ser un sistema de valores, más que un sistema de elección de gobernantes por gobernados. Un sistema de valores que consiste en respetar al que piensa diferente.
Todo lo contrario de lo que pasa entre los argentinos, donde la democracia se ha transformado en un ejercicio de caníbales sin otro interés que no sea la descalificación del adversario. Sin propuestas ni planes de gobierno y sin modelos de país.
En la Francia de 1982, apareció la expresión “concertación social”. Era una Francia con inflación elevada y estructural y una curva de creciente desocupación y pobreza. Pero hubo sensatez y madurez en la clase dirigente. Todos entendieron que sólo una concertación entre los partidos políticos, los empresarios y las tres centrales sindicales daría soluciones de fondo al país y a los franceses. En ese contexto, se firmaron políticas públicas a mediano y largo plazo y el país salió adelante. Esta es la madurez que falta en la Argentina.
Pero una concertación social debe partir del reconocimiento de la realidad, que no es otra que entender que la democracia ha fracasado entre nosotros y que hay que salvarla.
Lo segundo es reconocer quiénes fueron los ganadores de este fracaso. Porque de allí deberá surgir lo que hay que pagar para salir.
Y lo tercero es entender de una buena vez que la lucha contra la inflación y la pobreza no es sólo económica. Debe estar integrada con la lucha contra la corrupción. Porque con alta corrupción, habrá siempre altos niveles de inflación y de pobreza.
Cambiar el paradigma
Si queremos salvar a la democracia, lo primero que debemos tener son fuertes condenas legales y fuertes ejemplos de decencia pública. En Brasil hay más de 160 empresarios y políticos presos, con condenas firmes por corrupción.
En Argentina había hasta ahora sólo seis políticos con prisión preventiva y no se recuperó ningún dinero de los millones robados.
Hay ahora cuadernos que muestran la ruta del dinero sucio hacia el poder político durante 12 años. Es posible que estas pruebas, contundentes en todo el mundo, tengan el mismo final procesal que los bolsos de López o los dólares filmados en La Rosadita.
Es posible que haya imputaciones, procesamientos y hasta condenas. Pero en la medida que no se cambie el paradigma jurídico dominante en la Argentina, ninguna pena será de cumplimiento efectivo y los dineros robados no serán recuperados nunca por la sociedad.
Para la Justicia argentina, una sentencia firme es aquella que necesita de cuatro instancias judiciales, lo cual viola el artículo 8, punto 2h de la Convención Americana de Derechos Humanos, que sólo exige una instancia de recurso. Esa falsa teoría jurídica nos ha llevado a la vergüenza de que un proceso judicial por corrupción dure en Argentina un promedio de 14 años y tenga un índice de condena efectiva de sólo el 4%. Es claro que, así, la sociedad no puede hacer otra cosa que desconfiar cada vez más de la Justicia. * Expresidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación