Una medida que sólo puede ser temporaria
El fondo fue perdiendo importancia relativa en los ingresos de las jurisdicciones subnacionales, a partir de una caída en el valor de la oleaginosa en los mercados internacionales, aunque para los municipios representaba casi el 10 por ciento de las partidas destinadas a obra pública.
Para las intendencias cordobesas, la eliminación del FFS significa resignar unos
600 millones de pesos anuales, gran parte de los cuales estaba comprometida en infraestructura.
La administración de Mauricio Macri justificó la eliminación del FFS en que las
24 jurisdicciones reciben más fondos a partir de la eliminación progresiva del 15 por ciento de la precoparticipación, que se destinaba a financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En forma paralela, la reducción de los reintegros a las exportaciones industriales debiera engrosar las partidas de la coparticipación directa y, por ende, compensar la pérdida por ingresos eliminados.
La decisión del Gobierno nacional sólo puede justificarse como una medida fiscal de corto plazo para atender el cierre del déficit fiscal en los términos comprometidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por contrapartida, las medidas ofrecen aspectos cuestionables.
El más grave es que se elimina un fondo específico que llegaba de modo automático a las provincias, “situación que siempre es considerada preferible al envío de fondos de manera discrecional”, señaló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Sin bien aquellas medidas podrían compensar los ingresos que provincias y municipios resignan por la eliminación del “fondo sojero”, atentan contra la producción industrial y el perfil exportador que se pretende gestar para la Argentina.
La disminución de las retenciones al complejo industrial de la soja y el reintegro a las exportaciones fabriles alentaban la venta al exterior de las manufacturas y evitaban que las exportaciones se concentraran en productos primarios.
Es de esperar que, una vez superado el ahogo fiscal que atraviesa la administración nacional, se restablezcan ambos incentivos, que alientan un desarrollo sustentable y empleos de calidad.