Denuncia por gasoductos de Córdoba llegó a la Justicia federal
Mientras la causa de los cuadernos K parece ocupar todo el espacio político, hay pequeñas novedades en relación con la denuncia por supuestas coimas que empresas brasileñas habrían pagado en el marco de la licitación de los gasoductos troncales de Córdoba.
Ayer, desde el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba confirmaron a La Voz que la semana pasada les ingresó una solicitud de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que se pronunciara sobre si le corresponde investigar una denuncia de los legisladores cordobeses Juan Pablo Quinteros, Liliana Montero y Aurelio García Elorrio.
Esta presentación, realizada originalmente ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en Buenos Aires, apunta a saber si la presunta coima de 36 millones de dólares –mencionada por Alberto Youssef, el principal delator en el proceso judicial del Lava Jato brasileño– pudo haber sido efectivizada a través de la entrega de un complejo edilicio en Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires.
En los Tribunales federales analizan si ese episodio podría unirse a una investigación abierta en 2014, que está en manos de la fiscalía de Enrique Senestrari.
Esta última causa apunta a conocer si existió lavado de dinero en una serie de operaciones realizadas en 2011, a través de dos bancos, por la asociación civil De la Sota Conducción y Progreso, que apoyó la candidatura del entonces reelecto gobernador.
Como publicó este medio en febrero de este año, la denuncia ante la UIF afirma que una empresa de Horacio Miró, exfuncionario de De la Sota, habría recibido el 40 por ciento del emprendimiento Torres Art María, en Puerto Madero, valuado en 180 millones de dólares, que le cedió la constructora Iecsa, empresa que habría actuado como supuesta intermediaria de firmas brasileñas.
Madero Urbana
En la denuncia, que fue considerada “delirante” por varios de los involucrados, se señala que la operación habría incluido la incorporación al directorio de la empresa Madero Urbana, dueña de las torres, de Ramiro Sosa Navarro, hijo del actual ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa, y de Walter Poplawski, acompañante de Miró en varios emprendimientos.
Los tres legisladores denunciantes participaron de una larga reunión en el juzgado federal el viernes pasado, que no se dio a difusión por el pedido estricto de confidencialidad que hace la UIF en las investigaciones en las que interviene.
Está previsto que, este viernes, el juzgado de Ricardo Bustos Fierro se pronuncie sobre el envío de la Procelac.
Un funcionario federal que sigue el tema señaló que si las tres empresas que intervinieron en la operación son de Buenos Aires y el traspaso ocurrió en Buenos Aires, lo más lógico sería que la Procelac haga la presentación en un juzgado de Comodoro Py y no en Córdoba.
Los legisladores opositores salieron de la reunión pensando que los tribunales locales marchan a un ritmo muy distinto del de sus pares porteños.
Saben que la Procelac también envió su informe al fuero Anticorrupción provincial, en el que acaba de ser nombrado el fiscal Matías Bornancini, quien llevará adelante el caso cuando se pueda acceder a la información de los delatores del Lava Jato.
La semana pasada, el legislador oficialista Daniel Passerini mostró declaraciones judiciales de directivos de la brasileña Andrade Gutiérrez y del propio Youssef, en las que, según el Gobierno, niegan relación con Córdoba.