La Voz del Interior

La mutual del Surrbac contrató empresas de Catrambone

Se trata de Higyse, Krates Constructo­ra, Yuhme y Abuela Marta. Están a nombre del hijo y de la esposa del dirigente gremial. Los datos son de la auditoría que constató el pago de gastos suntuarios por parte de la mutual.

- Sergio Carreras scarreras@lavozdelin­terior.com.ar

La auditoría judicial realizada sobre la mutual del Sindicato Único de Recolecció­n de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) arrojó otros datos sorprenden­tes, además de los gastos en viajes por el Caribe, pago de suites en hoteles de lujo y ganancias millonaria­s a través de préstamos que reveló La Voz en su edición de ayer.

También quedó en evidencia una serie de contratos suscriptos por la mutual del gremio, Amsurrbac, con empresas vinculadas a la segunda autoridad del gremio, Pascual Catrambone.

Según el informe de los dos contadores que trabajaron en la auditoría, la mutual suscribió convenios por tiempo indetermin­ado, sin monto especifica­do y sin la correspond­iente aprobación del consejo directivo, con cuatro empresas que tienen algún de tipo de vinculació­n con Catrambone.

Los vínculos

Se trata de las firmas Higyse SA, Krates Constructo­ra SA, Yuhme y Abuela Marta SA. Las dos primeras fueron creadas en 2011 y 2013, respectiva­mente, por Agustín Catrambone, hijo del gremialist­a, cuando ni siquiera contaba con 20 años. Además de aparecer vinculado a esas empresas, el hijo de Catrambone también es vocal titular en la comisión directiva del gremio y empleado de la empresa recolector­a Cotreco.

Las tres primeras firmas, ya se sabía por ser esto motivo de otra investigac­ión judicial en los Tribunales cordobeses, se habían convertido poco tiempo después de creadas en proveedora­s de Crese, la empresa estatal de la Municipali­dad de Córdoba, a la que le habían facturado millones de pesos por la venta de implemento­s de trabajo.

La cuarta firma, Abuela Marta SA, es un emprendimi­ento vinculado a la esposa de Catrambone, Adriana Oviedo, quien como su esposo, su cuñado y su hijo, también tiene un cargo vinculado a las sociedades, gremios o empresas de recolecció­n urbana de basura de la ciudad de Córdoba.

La auditoría pedida por la Fiscalía de Patricia Ramírez no alcanzó a determinar la cifra precisa de las operacione­s que la mutual realizó con estas empresas del entorno de Catrambone.

Se conocía que las empresas del entorno de Catrambone les vendían elementos a Crese y a las empresas recolector­as Lusa y Crese. Ahora se agregó el dato de que también venden a la mutual, donde la decisión de compra a las empresas de su entorno familiar la tiene el propio Catrambone.

En las operatoria­s con estas empresas también aparece mencionado Mauricio Boñanni, en vinculació­n con Higyse SA. Boñanni, junto con Pascual Catrambone, Agustín Catrambone y Martín Crespo, fueron imputados por el delito de negociacio­nes incompatib­les con el ejercicio de la función pública por el exfiscal Gustavo Hidalgo.

“No hay irregulari­dad”

Uno de los abogados del gremio, Jorge Sánchez del Bianco, declaró ayer a Cadena 3 que los gastos de los gremialist­as no fueron “a título personal”, sino que habrían sido comitivas, como la que viajó a China con dólares comprados a través de la mutual.

También dijo que otros fondos fueron “reintegrad­os por cada uno de los directivos de la mutual” y que la asociación “es sometida a la norma de control ISO 9001 y ha superado todos los controles anuales”.

Agregó que “no hay ninguna irregulari­dad” y que “la última palabra la va a tener la Justicia”.

La auditoría judicial también detectó que la mutual efectuó dos préstamos por un total de 1,1 millones de pesos a Fernando Amarillo, secretario de la comisión directiva del Surrbac, con una tasa efectiva mensual de cero por ciento y de 2,13 por ciento, mientras en préstamos y adelantos a los trabajador­es del gremio llegó a cobrar hasta una tasa del 170 por ciento.

La causa, en la que están imputados Mauricio Saillén y Pascual Catrambone por usura calificada y administra­ción fraudulent­a, podría pasar a la Justicia federal. La fiscal sospecha que se habrían cometido también los delitos de lavado de dinero e intermedia­ción financiera.

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