Racionalidad y realismo
Mientras el conflicto universitario sube de temperatura, aunque se saldó la discusión paritaria, el proyecto de Presupuesto 2019 que el Gobierno nacional presentó en Diputados permite observar la delicada situación en que se encuentran las universidades públicas argentinas.
Cada vez destinan un mayor porcentaje del dinero que les adjudica el Estado a salarios docentes y no docentes. En concreto: el 86,8 por ciento del presupuesto.
No sólo por el lógico aumento de los sueldos, sino también por nuevas designaciones. La planta de personal no ha dejado de crecer por la apertura de nuevas carreras y la consiguiente necesidad de más empleados administrativos. En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, ese proceso incluye la reciente creación de nuevas facultades.
En este contexto, si de un año al siguiente el dinero que se asigna al funcionamiento universitario sólo aumenta por la inflación, pero en la torta presupuestaria del Estado sigue representando la misma proporción, a medida que crece el impacto de los salarios en las cuentas generales disminuye el monto disponible para los demás gastos.
Si vale la comparación, los cordobeses podemos recordar lo que se discutió en el marco de la Municipalidad de Córdoba: no había plata para obras y otras cuestiones porque el grueso de los fondos se iba en salarios. Tras una ardua discusión, se fijó una norma para reducir el impacto salarial en sus cuentas. Hoy, podría decirse que hay un cierto equilibrio: la masa salarial ronda el 50 por ciento del presupuesto.
Pues bien, en el caso de las universidades, los salarios ya capturan más del 85 por ciento del presupuesto. Y, a diferencia de una municipalidad, en una universidad es mucho más complejo diversificar y aumentar sus vías de recaudación.
En consecuencia, aunque estemos frente a un ajuste para alcanzar el anhelado equilibrio fiscal, el problema universitario necesita ser revisado. No sólo por parte del Estado, sino también por las propias unidades académicas.
El funcionamiento de la educación superior requiere tener en cuenta, además de las imprescindibles obras de infraestructura y mantenimiento, la actividad de sus hospitales y de sus laboratorios, el fomento de la actividad científica, actividades de divulgación, programas de becas y la actualización de sus bibliotecas y hemerotecas, entre otras áreas vitales.
No sería viable que hoy el Estado aumente el presupuesto universitario casi un 75 por ciento para que los salarios representen alrededor del 50 por ciento. Pero aun si lo hiciera, en tanto las universidades no revisen su administración, el problema seguiría latente. Una vez más, se impone un diálogo racional y realista entre las partes para encontrar una solución.