Otro revés judicial para Cristina
El fiscal de Cámara Germán Moldes avaló todo lo actuado por Claudio Bonadio. Dijo que corresponde la “inmediata detención”. La expresidenta consideró que es la respuesta por haberse opuesto a las cuotas extras del gas.
Aunque la medida no se cumplirá en virtud de los fueros parlamentarios, el fiscal de Cámara Germán Moldes avaló lo actuado por el juez federal Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos y afirmó que corresponde la “detención” de la expresidenta Cristina Fernández.
Germán Moldes, fiscal ante la Cámara de Apelaciones, presentó un escrito en la llamada “causa de los cuadernos K” en el que, básicamente, se alineó con lo actuado por el juez federal Claudio Bonadio y por el fiscal Carlos Stornelli.
Moldes sostiene que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó una asociación ilícita integrada por exfuncionarios y empresarios, que recaudaba dinero de coimas y cartelizaba los contratos de obras públicas, y que debe ser detenida “de inmediato”.
En ese sentido, el fiscal apoyó la prisión preventiva que Bonadio le dictó a Cristina Fernández, y a la que también dio su conformidad el fiscal Stornelli.
La exmandataria, en Twitter, aludió al pedido de detención: “Después de que frenamos el tarifazo de las 24 cuotas del gas por la devaluación, responden pidiendo mi detención. Muy obvios. Se nota demasiado”, escribió.
El escrito de Moldes es una respuesta al procesamiento de 42 personas dictado por Bonadio y a la apelación que presentó Stornelli.
La Cámara federal deberá decidir ahora si refrenda lo actuado por el juez o atiende las apelaciones elevadas por los fiscales y por las defensas de los procesados.
Moldes apoyó la apelación del fiscal Stornelli, aunque aclaró que no hay muchas diferencias entre este y lo actuado por Bonadio: “El disenso entre la posición del juez y la del Ministerio Público es mínimo. Se limita a la calificación legal asignada a una parte de los hechos, los tipos penales aplicables y el rol desempeñado por algunos de los integrantes de la asociación delictiva”, explicó Moldes en el escrito.
¿En qué reside ese “mínimo” disenso? Para Stornelli y también para Moldes, los imputados deben ser acusados por pagar coimas (“cohecho”) y no por el delito de dádivas, como dijo Bonadio en el procesamiento.
“Parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del Gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello –cartelización de la obra pública– simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios”, fundamentó Moldes.
El fiscal ante la Cámara de Apelaciones también pidió agravar la situación procesal de cuatro imputados, entre ellos, el cordobés Gerardo Ferreyra, cabeza del grupo empresarial Electroingeniería.
Moldes pidió que tanto Ferreyra como el exsecretario de Obras Públicas José López; el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y el financista Ernesto Clarens sean considerados “organizadores” de la presunta asociación ilícita.
Respecto de estos cuatro imputados, Moldes sostiene que “desarrollaron actividades que fomentaron el objetivo criminal de la agrupación y tareas que quizás no eran fáciles de reemplazar, como sí pudieron ser las de los demás”.
Sobre Electroingeniería
Sobre Ferreyra, Moldes dice que el empresario “manifestó que después de que Néstor Kirchner le solicitó contribuciones, él mismo diseñó un esquema personal que le permitiera cumplir la directiva; no sólo actuaba como intermediario, sino que podía hacer valer sus influencias con el propósito de cumplir con los objetivos de la asociación ilícita”.
Ferreyra es uno de los pocos empresarios que declaró su inocencia y sostuvo que los aportes de dinero que realizó fueron voluntarios. Al no prestar declaración como arrepentido, tal como hicieron la mayoría de los empresarios imputados, continúa cumpliendo la prisión preventiva dictada por Bonadio.
El 17 de septiembre, Bonadio dictó 42 procesamientos en la causa iniciada a partir de las anotaciones en un bloc y siete cuadernos cuya autoría se atribuyó Oscar Centeno, exchofer del exsecretario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta.
Al igual que su par Stornelli, Moldes apeló la decisión de Bonadio por no procesar a Osvaldo Acosta (Electroingeniería), Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería), Javier Sánchez Caballero (Iecsa); Rodolfo Armando Poblete (Grupo Romero), Héctor Alberto Zabaleta (Techint) y Francisco Rubén Valenti (Pescarmona).
“Si bien en todos los casos relatados se trataba de ‘dependientes’ que efectuaban los pagos en nombre de los empresarios que eran quienes acordaban con los funcionarios, ello no los exime del conocimiento, participación y responsabilidad”, argumentó el fiscal.
Sobre Osvaldo Acosta, apuntó Moldes: “Se da la situación inversa, el vicepresidente de Electroingeniería –Ferreyra– se encuentra procesado y, como dije antes, se trataba de uno de los organizadores de la banda; y Acosta, quien era el accionista mayoritario de la empresa, no fue responsabilizado; resulta por demás inverosímil que todos los pagos sucedieran a sus espaldas y sin su consentimiento”.