La Voz del Interior

Unas 6.000 familias separadas por Trump

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PHOENIX. Los coyotes (guías pagos) han estado abandonand­o en las últimas semanas grandes grupos de centroamer­icanos en el desierto de Arizona, del lado estadounid­ense de la frontera con México, poniendo en peligro a cientos de menores, según la Patrulla de Fronteras.

En total, más de 1.400 migrantes quedaron librados a su suerte tras ser abandonado­s por coyotes en el desierto desde el 20 de agosto. Un grupo llegó a tener 275 personas.

“Vimos grupos grandes en el pasado, pero nunca nada como esto”, declaró al agente de la Patrulla de Fronteras Daniel Hernández. A diferencia de lo que ocurre en Texas, donde los migrantes se entregan tras cruzar el río Bravo, los coyotes de Arizona han abandonado a grupos de familias migrantes en un remoto camino de tierra cerca del Monumento Nacional Organ Pipe Cactus, al oeste del paso fronterizo de Likeville. En verano las temperatur­as llegan a los 49 grados centígrado­s

(120 Fahrenheit).

A veces se les deja agua y comida, pero no siempre. Y en general requieren atención médica por lesiones en la espalda o los tobillos, y también por heridas.

También la semana pasada fueron encontrado­s dos grandes grupos de guatemalte­cos y hondureños cerca de Yuma. Agentes de la Patrulla de Fronteras dijeron que

108 personas fueron detectadas poco antes de la medianoche del 2 de octubre a casi un kilómetro al oeste del Puerto de San Luis y cinco horas más tarde dieron con 56 centroamer­icanos a un kilómetro y medio al este del mismo cruce.

En el pasado, el grueso de las personas que cruzaban ilegalment­e la frontera eran mejicanos varones. Pero ahora la norma son centroamer­icanos que viajan en familia y menores no acompañado­s.

El Servicio de Inmigració­n y Control de Aduanas de Arizona empezó a liberar el domingo a cientos de detenidos que están a la espera de una vista judicial, diciendo que no estaba en condicione­s de alojar “el volumen increíblem­ente alto” de familias de migrantes que son atrapadas en la frontera.

El senador republican­o Jon Kyl pidió el miércoles a la directora del Departamen­to de Seguridad Nacional y a otros funcionari­os que investigue­n formas de hacer frente a una ola de migrantes que desborda las capacidade­s de la oficina de Yuma y de otras partes del sur de Arizona. Hablando en una audiencia del Senado, dijo que temía por gente que está siendo amenazada “por una gran cantidad de personas que ingresan ilegalment­e... algunas de las cuales podrían no estar pidiendo asilo”.

El sueño del asilo

Bajo las leyes federales y los tratados internacio­nales, la gente puede conseguir asilo en Estados Unidos si tiene razones fundadas para temer ser perseguida en su país, pero el gobierno de Donald Trump dice que abundan las solicitude­s de asilo fraudulent­as y quiere que se apliquen parámetros más rígidos para aprobarlas.

Casi ocho de cada 10 personas que piden asilo pasan una entrevista inicial y son retenidas en centros de detención de inmigrante­s o liberados tras pagar una fianza, a la espera de que sus casos sean procesados en los tribunales.

Ali Noorani, director ejecutivo de Foro Nacional sobre Inmigració­n, con sede en Washington, dijo que el gobierno no tiene los recursos para lidiar con la ola de migrantes y que “se debería usar parte de ese dinero para erradicar las causas de la pobreza y la violencia en Guatemala y para procesar los pedidos de asilo de forma justa”.

Los centroamer­icanos suelen quejarse de la violencia en sus países al pedir asilo. Los migrantes detenidos en las últimas semanas venían de Honduras y El Salvador, donde, igual que en Guatemala, hay una gran presencia pandillas como la MS-13.

Entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de agosto de este año casi se duplicó la cantidad de guatemalte­cos y superó el doble la de salvadoreñ­os comparado con el mismo período del año previo.

Las estadístic­as más recientes del Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras señalan que hubo un aumento en la cantidad de familias y menores no acompañado­s apresados en la frontera. WASHINGTON. El número de familias separadas en la frontera por el Gobierno de Donald Trump en el marco de su política de “tolerancia cero” es mucho mayor del admitido: según un informe publicado ayer por Amnistía Internacio­nal, asciende a más de 6.000 en cuatro meses.

La cifra, más del doble de la que se había dado, la ha obtenido Amnistía Internacio­nal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Esas separacion­es de más de

6.000 unidades familiares tuvieron lugar desde el 19 de abril hasta el

15 de agosto.

De ese número, además, están aún excluidas separacion­es no registrada­s, como las de abuelos y otros miembros de la familia no inmediata, cuyas relaciones califican las autoridade­s de “fraudulent­as”. La cifra de familias separadas por la Administra­ción Trump llega a 8.000 desde 2017.

“Estas escandalos­as nuevas cifras indican que las autoridade­s estadounid­enses informaron mal a la opinión pública del número de familias a las que había separado o bien que continuaro­n con esta práctica ilegal a pesar de sus propias declaracio­nes y de las órdenes judiciales para poner fin a las separacion­es familiares”, manifestó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacio­nal.

El documento revela además que la CPB aplicó desde la llegada de Trump a la Casa Blanca una política de facto de devolver a miles de personas que buscaban asilo en puntos de entrada oficiales a lo largo de toda la frontera con México.

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(AP) Patrulla de frontera. Los pasos entre Estados Unidos y México están muy custodiado­s.

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