Las sorpresas que escondía la ordenanza anti-Uber
Miles de mujeres ahorraron dinero, vendieron productos, organizaron rifas, pidieron prestado –entre otros rebusques– para decir presente en la convocatoria del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), que comenzó ayer y concluirá mañana. Este año se realiza por 33ª vez y la sede es la provincia de Chubut, al sur del territorio argentino, entre la cordillera de los Andes y el océano Atlántico.
Más de 50 mil “encuentreras” viajaron de todo el país para debatir sobre los temas más importantes de la agenda feminista, entre los que se destacan el derecho al aborto seguro, legal y gratuito y la problemática de la violencia de género.
“Compañeras, mujeres, mujeres ‘trans y travas’, lesbianas, bisexuales, ‘tortas’ y no binarias, de Latinoamérica toda: ¡bienvenidas a Trelew, Chubut!” se escuchó ayer al mediodía en el acto inaugural.
Durante el discurso explicaron que el sentido de llevar la reunión hasta Chubut está ligado a los objetivos políticos actuales del movimiento de mujeres: “Recuperar territorios ancestrales para las comunidades mapuche-tehuelches y frenar la criminalización y represión que las afecta; denunciar la persecución a mujeres originarias y luchadoras sociales, y exigir justicia por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y por el homicidio de Rafael Nahuel”.
Los reclamos también aborda- ron las problemáticas de “la extranjerización de las tierras, la megaminería contaminante y saqueadora, y las redes de trata y explotación sexual”.
130 femicidios
Frente a la alarmante seguidilla de víctimas fatales por violencia de género, que asciende a 130 mujeres asesinadas en 2018, sostuvieron que el Estado “no destina recursos ni da respuestas integrales e inmediatas frente a la problemática y a la justicia patriarcal que avala la impunidad de violentos y femicidas”.
Además repudiaron otro efecto más de la violencia machista, el “travesticidio” y el “transfemicidio”, que caracterizaron como un proceso sistemático de invisibilización de la identidad desde la infancia, en múltiples ámbitos sociales, hasta alcanzar la persecución seguida de asesinato.
Estos dos apartados formaron parte de los reclamos más sentidos durante el inicio del acontecimiento. Por eso desde el ENM exigieron espacios para el albergue y para la asistencia de sobrevivientes de la violencia. En Trelew, según denunciaron, fue destruido el único lugar con el que contaban las víctimas en circunstancias confusas.
“Este año la marea verde demostró que la persistencia de las mujeres logra incidir en la agenda pública”, se escuchó desde las tribunas, a lo que siguió un aplauso estridente. Se refirieron así a la media sanción en Diputados y al debate del proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito en el Senado, al que consideraron en plena vigencia.
No dejaron de lado la política económica y cargaron contra el ajuste del Gobierno nacional, con una fuerte crítica al pacto con el Fondo Monetario.
Sobre el final, también les apuntaron a los medios masivos de comunicación por “la violencia simbólica que ejercen, que cristaliza estereotipos de género, sexualiza las infancias e invisibiliza las luchas feministas”, según los términos expresados. Repudiaron lo que consideran “falta de perspectiva de género y tratamiento morboso” ante los casos de violencia y femicidio por parte de los medios.
La agenda continuaba con el almuerzo y con una apretada grilla de charlas, de debates y de actividades culturales.
Las mujeres seguían llegando a lo que promete ser otro convocante ENM.
“A pesar de convocarse en el punto más austral de la historia de los dos encuentros, miles de pañuelos verdes copamos Trelew. Venimos con el desafío de dar continuidad a las campañas nacionales por el aborto y por la separación de la iglesia y el Estado. Vinimos para dar continuidad a nuestra lucha en defensa de la educación pública, por la educación sexual y el aborto legal”. e prohíbe el transporte remunerado, oneroso, promocional, por canje o similares de personas en vehículos particulares registrados a través de llamada telefónica, software, aplicación móvil (app), sitio web o medios tecnológicos similares, que tengan por objeto conectar directa o indirectamente a los pasajeros con los conductores”.
Por este artículo, el 5, fracasó. Se la conoció como ordenanza “anti-Uber”, pero poco se supo de qué era “pro” la iniciativa de reforma del marco regulatorio para taxis y remises, que por la división del bloque oficialista ahora parece tener asegurada una larga temporada en el freezer.
Agencias poderosas
La iniciativa establecía que ningún taxi o remise puede trabajar en forma independiente sin estar asociado a una agencia. Y fija un canon de 100 bajadas de bandera: 3.200 pesos por mes para taxis y 3.300 pesos para remises. Esto incluye un nuevo sistema de monitoreo de seguridad, con botón antipánico, conectado a la Policía, valuado en 20 bajadas de bandera mensuales.
Es un negocio de 12,6 millones de pesos mensuales para las agencias de taxis y de 9,3 millones de pesos mensuales para las remiserías, tomando en cuenta que hoy están habilitados 3.959 taxis y 2.819 remises. Pero esto también podía cambiar con la ordenanza.
Más chapas
En los artículos 21 y 35, el nuevo marco modificaba la forma de cálculo de licencias de la actual ordenanza (10.270). Pasaba de una chapa de taxi cada 350 habitantes a una cada 300, y de una chapa de remise cada 370 a una cada 320 vecinos.
Si tomamos el número de habitantes del Censo 2010 como válido, 1.329.640 personas (el marco habilita a que se hagan estudios cada dos años que podrían tomar otro número poblacional, a través de proyecciones), podrían habilitarse hasta 4.432 taxis y 4.155 remises. Esto daría una vacante de 1.809 nuevas chapas (473 de taxis y 1.336 de remises), que podría repartir la Municipalidad (en pleno año electoral). Con estas nuevas chapas, a su vez, el negocio de las agencias crecería en 5,7 millones de pesos al mes.
Blanqueo
El proyecto aumentaba la cantidad de chapas que pueden estar en manos de un permisionario: de dos a cuatro. Este es uno de los puntos que fue objetado como un blanqueo de una situación irregular.
El otro es el de la legalización de las transferencias de chapas, con un canon de 7.500 bajadas de bandera (unos 250 mil pesos), para la Municipalidad de Córdoba.
Beneficios para usuarios
El nuevo marco obligaba a incorporar medios electrónicos de pago y establecía un listado de derechos del pasajero, que incluían que el chofer no fume, que respete las indicaciones del trayecto, que se vista en forma adecuada, que prenda el aire acondicionado o la calefacción, que cumpla las normas de tránsito y que tenga vuelto para el pago en efectivo, entre otros.
Hay quienes piensan que en las próximas semanas podría salir un despacho de la Comisión de Legislación General sin el artículo “anti-Uber”, manteniendo el resto del marco regulatorio.
Pero, sin esta veda a las aplicaciones, los taxistas y remiseros –y fundamentalmente, los agencieros– ya advirtieron de que se pondrán en contra en el acto. Todo lo que prometían mejorar en el servicio era una concesión al bloqueo a Uber (y sus símiles: Easy Taxi, Cabify).
El intendente Ramón Mestre les recordó el jueves a sus concejales que no quiere líos. Y que no ve ninguna necesidad, casi al término de su mandato (y en el arranque de su campaña para gobernador), de tener manifestaciones de taxistas o remiseros que aumenten el fastidio ciudadano con cortes de calle y protestas. “Que Uber sea un problema de mi sucesor”, decidió.