Lluvia de impuestos
Marcos Giraudo mira al cielo en Las Isletillas, en el centro de la provincia, a la espera de que la fina llovizna se traduzca en una lluvia que mejore los resultados de la campaña de trigo y aliente buenas perspectivas para los cultivos de verano.
El dirigente de Coninagro está preocupado por las escasas lluvias, pero luce más inquieto por los impuestos que prepara el Congreso para cumplir con el déficit cero en el Presupuesto 2019 a costa de una mayor carga impositiva para la producción y los sectores medios.
El ministro Nicolás Dujovne anunció un recorte de gastos de unos 500 mil millones de pesos, pero “la sensación es que las provincias y los municipios no ajustan, por lo que van por la producción; hay mucha preocupación y desencanto por este tema”, resume Giraudo.
La posición del dirigente rural es compartida por las entidades del sector. “El campo no tolera más impuestazos”, advirtió la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. Fue el más duro documento contra el presidente Mauricio Macri.
En septiembre, Macri debió volver sobre sus promesas de campaña al establecer una retención de cuatro pesos por cada dólar exportado de la producción primaria y de tres pesos para la industria, al tiempo que redujo en 66 por ciento promedio los reintegros impositivos para la producción fabril.
El proyecto de Presupuesto 2019 contempla una autorización al Poder Ejecutivo para llevar las retenciones a la soja hasta 33 por ciento y gravar 0,25 por ciento los inmuebles rurales como Impuesto a los Bienes Personales. Antes, estaban exentos, pero los productores debían pagar el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que se eliminará en 2019.
Macri se llevó puesta otra promesa: la de rebajar y eliminar impuestos, como se había establecido en el Consenso Fiscal de 2017, aunque otros lectores recuerdan que en el texto se establece que la carga impositiva se iba a centrar en Ganancias y en Bienes Personales.
Los bienes personales hasta dos millones de pesos estarán exentos. A partir de ese patrimonio, se aplicarán alícuotas progresivas de 0,25, 0,50 y 0,75 por ciento. La valuación fiscal será la de 2017, más la inflación. Los más perjudicados: los hombres de campo y los que ingresaron al blanqueo.
La clase media también resultará afectada. Un departamento de un dormitorio vale hoy en promedio unos 50 mil dólares en Nueva Córdoba. El latigazo impositivo también lo alcanzará.
La recaudación por este impuesto extra será de unos 35 mil millones de pesos. Las provincias recibirían alrededor del 60 por ciento –unos 21 mil millones–, mientras que los 14 mil millones restantes se destinarán a mayores fondos para las universidades, el Conicet y a un fondo para que los municipios de las grandes ciudades –controladas en su mayoría por Cambiemos– mantengan los subsidios al transporte público, que la Nación dejará de pagar desde 2019.
Antes de darle el visto bueno al Presupuesto el próximo miércoles, el peronismo quiere ver cómo se repartirán los fondos asignados a las provincias (la promesa es en base al índice de coparticipación) y si esos recursos llegarán en tiempo y forma para evitar que el transporte interurbano tenga un boleto por las nubes y genere el malestar de miles de usuarios.
Para Córdoba, serían unos 1.800 millones de pesos. El ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, gasta la calculadora para saber si son suficientes para que los usuarios del transporte no le pasen una factura a Juan Schiaretti en las urnas. En carrera, el gobernador no quiere conflictos sociales en la geografía provincial.
En la otra orilla, Ramón Mestre espera que el fondo de unos cinco mil millones de pesos que manejará el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, lo ayude a amortiguar la que es hoy la medida más impopular. Los empresarios del transporte amenazaron con un boleto a 40 pesos si no hay subsidios. Ese valor podría desatar una reacción social imponderable.
Un argumento en común une a la Provincia y al municipio capitalino: el aumento de Bienes Personales y la decisión de eliminar subsidios fueron del Gobierno nacional. En Buenos Aires, al contrario, achacan “a los cordobeses” las presiones para aumentar impuestos y evitar un ajuste en sus administraciones.
LOS MÁS PERJUDICADOS POR LOS IMPUESTOS QUE PREPARA EL CONGRESO SERÁN EL CAMPO, LOS QUE INGRESARON AL BLANQUEO Y LA CLASE MEDIA.