Aún faltan quitar tasas extras de las boletas de servicios públicos
Para disimular la suba de las tarifas, a comienzos de año se buscó “limpiarlas” de impuestos, de tasas y de cargos. Por ahora, son más promesas que logros. En la Capital, siguen por una cautelar hasta fin de año.
Cuando comenzó 2018, las tarifas de los servicios públicos continuaban el empinado sendero de incrementos que se había iniciado dos años antes. El problema es que la acumulación de los porcentajes de aumento fue tan significativa, en especial en la energía eléctrica y en el gas natural, que tanto la Provincia como la Nación buscaron una “válvula de escape” para tratar de disimular el efecto en el monto final de los cedulones.
Sin tocar las subas del valor “puro” de ambos servicios, que en marzo pasado seguían trepando en correspondencia con la disminución progresiva de los subsidios, la estrategia fue “limpiar” las boletas de los cargos ajenos a los servicios en sí. En la Provincia, el Gobierno entendió que esos extras en las facturas distorsionaban su verdadero costo.
Como por largos años las tarifas estuvieron “baratas” en términos relativos, los distintos estamentos del Estado habían aprovechado para adosarles todo tipo de tasas, fondos, cargos y, en algunos casos, incrementos en alícuotas de impuestos.
Lo mismo hicieron las cooperativas del interior, que a las facturas de luz, gas y agua les fueron sumando el cobro de un rosario de otros servicios que nada tenían que ver con la prestación central.
Sin embargo, ya pasaron ocho meses y, a pesar de los intentos con una serie de resoluciones del Ersep, de una norma provincial que está vigente desde octubre e incluso de un proyecto de ley nacional que Cambiemos ingresó en el Senado para liberar a los servicios del IVA, la anhelada purga en las boletas no se produjo.
En los hechos, lo poco que se ha logrado casi no impacta en las cuentas de luz, agua y gas que pagan las familias, comerciantes e industriales.
Allá lejos, en marzo
Todo comenzó un 7 de marzo, cuando la resolución 10/2018 del Ersep obligaba a Epec y a 200 cooperativas a “liberar” las boletas de tasas municipales y otros cargos. Desde su vigencia (les dio dos meses) sólo podrían percibir lo consumido por el alumbrado y los semáforos.
Una semana después, el ente de control publicó una resolución casi calcada, pero para que los municipios se abstuvieran de aplicar tasas en la factura de agua y saneamiento. Podían cobrarlas, pero en forma independiente, en boletas aparte.
Esa decisión, que fue apoyada abiertamente por el Gobierno provincial, generó fuerte controversia entre municipios y cooperativas que se verían obligados a retirar de las facturas tasas u otros servi- cios diferentes del concepto central del cedulón.
La Municipalidad de Córdoba fue más allá y el 28 de marzo presentó un recurso de amparo que fue aceptado por la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación. Lo hizo contra el Ersep y la Epec por la “restricción del cobro de tasas municipales en las boletas de la luz”. A la semana, accionó contra el ente de control y Aguas Cordobesas por las facturas de agua.
En paralelo, la Nación, a través del Ministerio del Interior y con un proyecto que Cambiemos ingresó en Senado, amagó con sacarles el IVA a todos los servicios públicos. Nada de eso avanzó por un simple hecho: el IVA se coparticipa con las provincias.
Llegó mayo y, en Córdoba, la Cámara se declaró incompetente en los amparos. “Subyace un conflicto externo de poderes entre una municipalidad y las autoridades provinciales que debe ser dilucidado por el Tribunal Superior de Justicia”, resolvió, tirándole la pelota al TSJ.
Mientras, en el interior, hubo protestas organizadas por cooperativistas que vieron en la decisión del ente (y del Gobierno provincial por detrás) el soterrado objetivo de responsabilizarlas por las subas de las tarifas. Incluso llegaron hasta la Ciudad de Córdoba.
Además, y viendo que iba a ser impracticable la aplicación desde junio, el Ersep resolvió diferir la
fecha de vigencia: primero hasta agosto y luego hasta octubre.
La razón de la prórroga expuesta por el organismo de control fue la “adecuación de los instrumentos municipales” atados a esos cedulones. En una resolución escrita en potencial (algo por demás fuera de lo común), explicaba: “Por razones de tipo técnicas, para medir las estacionalidades en el consumo y los valores y porcentajes que arrojan, el Ersep establecería como fecha para que rijan las resoluciones 10 y 12 del corriente año el día 1º de octubre de 2018”.
Hecha la ley
Como el Gobierno provincial advirtió que la herramienta “resolución del Ersep” iba a ser insuficiente (de alguna manera se estaban restringiendo la autonomía y las facultades tributarias de los municipios), se decidió cambiar de estrategia: ir por una ley.
Así, el 9 de mayo, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto que fue aprobado una semana después. La norma (Nº 10.545) alude básicamente a los mismos términos que las exigencias expuestas antes con las resoluciones del Ersep: las prestatarias de servicios públicos sólo pueden cobrar por el consumo y los cargos previstos en sus respectivos marcos regulatorios específicos. Impuso como plazo para comenzar a regir al 1º de octubre.
Hace más de un mes que la ley está vigente y aún quedan numerosas cooperativas de agua y luz que no han purgado las boletas (ver página 5). Lo mismo pasa con las facturas de Aguas Cordobesas y Epec, que esperan que el TSJ defina qué sucederá en la Ciudad de Córdoba.
Así es, el TSJ extendió hasta fin de año la cautelar que presentó la Municipalidad hasta que se expida sobre el tema de fondo.
“Hay confusión. La cautelar es para la Capital, pero en otras comunas aprovechan que genera dudas y están esperando qué resuelve el TSJ”, explicó a La Voz Mario Blanco, titular del Ersep.