Buscan salvar el proyecto “antibarras”
Es una de las prioridades de Macri, pero sus propios diputados la habían desechado. Ayer, a media tarde, se reflotó y los legisladores trabajan para lograr un nuevo acuerdo hoy.
Cambiemos y el massismo trabajan contrarreloj desde ayer a la tarde para resucitar el proyecto de ley antibarras, al cual en el Palacio del Congreso todos lo daban por muerto por falta de acuerdos sobre la redacción y sobre el contenido.
Tras la doble suspensión de la final River-Boca de la Copa Libertadores, el presidente Mauricio Macri había pedido especialmente que se debatiera el proyecto en las sesiones extraordinarias, pero su propia tropa en Diputados lo cuestionó duramente y se negaba a votarlo.
Pero ayer la presidenta del plenario de comisiones, la radical Gabriela Burgos (Legislación Penal), trabajó durante toda la tarde junto con las massistas Vanesa Massetani y Carla Pitiot, así como con el kirchnerista Daniel Scioli (presidente de la Comisión de Deportes) y diputados de otras bancadas en un texto de consenso.
La iniciativa, que endurece las penas contra los barrabravas y convierte en delitos figuras que hoy son meras contravenciones, podría obtener dictamen a partir de las 9 de la mañana de hoy, cuando se reúnan en plenario las comisiones de Legislación Penal y Deportes.
El objetivo es que obtenga la media sanción hoy mismo, en la sesión convocada para las 12 del mediodía, para que la semana que viene el Senado la convierta en ley.
Salvataje
Tanto en Cambiemos como en la oposición coincidieron en que sería una pésima señal para la sociedad que el Congreso dejara caer el proyecto después del escándalo por el ataque al micro de Boca y justo el mismo día en que la Justicia autorizó al líder de la barra xeneize, Rafael Di Zeo, a viajar a España para intentar ver la final con River.
Pero a la vez se rehusaban a apoyar el proyecto tal cual lo mandó el Gobierno, que igualmente presionó para que no sufriera cambios y fuera aprobado hoy mismo.
Los diputados finalmente le torcieron el brazo al Ejecutivo y el texto será modificado de manera radical, según pudo saber La Voz.
Los diputados del oficialismo y de la oposición afirman sin miramientos que el proyecto gubernamental, impulsado con fervor por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es malo, incurre en groseras incoherencias, como establecer la misma pena por vender entradas truchas que por homicidio simple, y está plagado de ambigüedades.
Cambiemos, con la diputada Burgos a la cabeza del trabajo, aceptó modificaciones propuestas por el massismo para armonizar penas con el Código Penal, así como un capítulo referido a la prevención de hechos de violencia, propuesto por Scioli.
El enojo del oficialismo
“Una cosa es el Gobierno y otra cosa es el Poder Legislativo”, lanzó anoche, en diálogo con periodistas acreditados, una diputada del oficialismo, para distinguir la intransigencia de los ministerios de Justicia y de Seguridad de la vocación de diálogo de los diputados de Cambiemos.
En este sentido, en los últimos días radicales y macristas estaban indignados con el Gobierno porque, en su decreto presidencial, Macri definió un temario sin consultar debidamente a sus propios diputados.
Se quejaban, por ejemplo, de que se encaprichó con la ley antibarras y a la vez excluyó a la nueva ley de alquileres, que, señalan, tiene amplio respaldo y estaba lista para ser debatida en el recinto.
El proyecto antibarras no figuraba en la lista de asuntos de la sesión especial de hoy, pero fue incorporado a última hora de ayer, con la previsión de que hoy finalmente sí obtenga un dictamen de mayoría.
En cambio, el otro proyecto de interés para la Casa Rosada que quedó definitivamente fuera de las extraordinarias, y cuyo debate se pospondrá para marzo, es el que permite que las empresas privadas puedan financiar las campañas electorales, lo que hoy está expresamente prohibido.
Bienes
En cambio, sí se convirtió ayer en ley el aumento en el Impuesto a los Bienes Personales y hoy se debatirán en el recinto la reforma del Código Procesal Penal de la Nación y la rebaja de una contribución impositiva especial de cooperativas y mutuales, entre otros asuntos de menor calibre político.