Fuerte disputa legal por el control del estacionamiento
Para evitar el doble cobro, un fiscal habilitó a “naranjitas” en zonas de Movypark. La Municipalidad denunció intromisión judicial y política, y anunció que apelará la decisión.
El fiscal Marcelo Fenoll restituyó a cooperativas de “naranjitas” el control del estacionamiento vehicular en 11 cuadras de la ciudad de Córdoba que habían quedado en manos de Movypark y desató la reacción de la propia empresa y de la Municipalidad.
La zona en cuestión abarca 11 cuadras en torno al Palacio de Tribunales II y al Parque de las Tejas.
Fenoll canceló de manera provisoria el sistema de estacionamiento medido para evitar el “doble cobro” que estaba ocurriendo, dado que los “naranjitas” seguían trabajando en el sector.
La resolución respondió a una denuncia de los cuidacoches por “abuso de autoridad” contra funcionarios municipales.
Desde Movypark repudiaron la medida judicial, pero será el municipio el que la rechazará en tribunales. Alfredo Sapp, subasesor letrado comunal, dijo que “el fiscal no puede avanzar sobre una facultad administrativa exclusiva de la Municipalidad”.
También entrevió un interés político tras la resolución de Fenoll al recordar que el abogado de los “naranjitas”, Diego Casado, es asesor del Gobierno provincial y dirigente peronista.
La pelea de los “naranjitas” por retener calles en la ciudad para el cuidado de autos sumó ayer un nuevo capítulo, cuando se conoció que el fiscal de instrucción Marcelo Fenoll resolvió que en forma provisoria sean cuidacoches los que se hagan cargo de 11 cuadras que estaban en manos de la firma Movypark Córdoba, responsable de la concesión del estacionamiento medido. Desde la Municipalidad, como poder concedente, y desde la empresa adelantaron a La Voz que apelarán la decisión judicial. Mientras, los “naranjitas” anticiparon que reclamarán ahora un resarcimiento económico por el tiempo que no pudieron trabajar en esas cuadras.
El fiscal Fenoll fue quien habilitó a tres cooperativas de “naranjitas” a cobrar la tarifa de estacionamiento (15 pesos la hora) a los automovilistas que dejen sus coches en 11 cuadras próximas a Ciudad Universitaria y a Tribunales II. De esa forma canceló de manera provisoria el funcionamiento del sistema de estacionamiento gestionado por Movypark en esa zona para evitar el doble cobro que se estaba produciendo.
Las cooperativas El Progreso, Aparcar y CVA Autoconvocados habían presentado hace tres meses una denuncia por “abuso de autoridad” contra los funcionarios municipales, ya que entendían que las cuadras próximas a Tribunales II y al Parque de las Tejas estaban dentro de su radio de trabajo. Sin embargo, con la llegada de Movypark, en algunos sectores comenzó a darse una suerte de doble prestación (y cobro) del servicio: la de los “naranjitas” y la de la empresa a través del pago por mensaje de texto o de cargas móviles por medio de una app.
Ante este doble cobro, el fiscal entendió que “la gente estaba desorientada sobre qué hacer”. “Algunos terminaban pagando al ‘naranjita’ y a Movypark”, señaló a La Voz, por lo que resolvió de manera provisoria que sean sólo los cuidacoches quienes trabajen en estas 11 cuadras.
La disposición del fiscal generó una inmediata respuesta desde la empresa, que desde ayer acató la resolución y dispuso el no cobro en esa zona, aunque dio cuentas al municipio sobre lo sucedido.
“Es una resolución que vamos a acatar, pero que nos afecta. Nosotros tenemos la concesión en esas cuadras, por lo que hacemos una explotación del servicio, pero la Municipalidad es la responsable de la vía pública, por lo que vamos a informar al municipio de lo sucedió”, expresó a este diario Christian Falchetti, de Movypark Córdoba. “El municipio será el que apele ante la Justicia y nosotros vamos a acompañar esa decisión porque las calles son de la Municipalidad”, aclaró el directivo.
En el Gobierno municipal se mostraron sorprendidos por la decisión del fiscal, ya que interpretaron que se trató de una resolución que excede el ámbito judicial e incluso dejaron trascender que podría haber algún interés político. “El fiscal sólo debe investigar la denuncia por la posible comisión de un delito. No puede avanzar sobre una facultad administrativa exclusiva de la Municipalidad”, cuestionó el subasesor letrado municipal, Alfredo Sapp.
El funcionario sugirió una posible intromisión política al señalar que el abogado de las cooperativas de “naranjitas” que llevó adelante el planteo, Diego Casado, es asesor del Gobierno provincial y dirigente justicialista.
En total, en las 11 cuadras en cuestión trabajan 70 de los 350 cuidacoches agrupados en las cooperativas El Progreso, Aparcar y CVA Autoconvocados, y son los que están decididos a pedir ante la Justicia un resarcimiento económico debido al supuesto perjuicio que les generó en el último año la presencia de Movypark en lo que ellos consideran su zona.
Además, se quejaron por los operativos policiales que aplicaron el artículo 60 del Código de Convivencia Provincial, que establece que los cuidadores no pueden realizar un cobro extorsivo. Sobre este punto, Noel Quintero, de CVA Autoconvocados, manifestó: “Hemos sido perseguidos por la Policía, hubo un abuso de poder de las autoridades, por eso queremos que se investigue y vamos a exigir una reparación económica porque perdimos en el último año nuestra fuente de trabajo”.