La pretensión: que la Corte revise el fallo FAL
En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para quien realice la interrupción de la gestación. Pidió a los poderes judiciales provinciales no judicializar los casos de aborto que la ley no prohíbe desde 1921: no sólo violaciones, sino los casos en los que está en peligro la vida y la salud de cualquier mujer. Y encargó a los gobiernos nacionales y provinciales protocolos claros para que se remuevan las barreras administrativas en los centros de salud y las mujeres puedan acceder al aborto no punible.
Era otra Corte Suprema la que votó por unanimidad este fallo, conocido como FAL, por las iniciales de la joven chubutense de 15 años que tuvo que litigar en tres instancias en la provincia hasta llegar al máximo cuerpo que, por entonces, presidía Ricardo Lorenzetti y estaba integrado, además, por Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Enrique Petracchi y Carmen Argibay.
El recurso extraordinario que presentó la ONG cordobesa Portal de Belén, para llevar el rechazo a la aplicación del protocolo que la Provincia elaboró a partir del fallo FAL, apunta a conseguir un cambio de criterio en el máximo tribunal del país.
Con cinco miembros, en la Corte actual subsisten tres jueces que votaron en el caso FAL: Lorenzetti, Maqueda y Highton. Y se sumaron dos: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. ¿En qué elemento alientan las agrupaciones antiaborto alguna expectativa de un cambio de criterio judicial? Rosatti es un crítico del fallo FAL, comulga con la idea de que “la vida comienza en la concepción” y de que todo aborto es inadmisible. Rosenkrantz no tuvo manifestaciones públicas, pero los grupos antiabortistas creen que puede votar con Rosatti.
Tal vez no alcance para dar vuelta la mayoría, pero una revisión del FAL, con votos en disidencia, es algo que los litigan- tes ultracatólicos verían como un avance en una disputa que están dispuestos a continuar y a sostener en el tiempo. Y confían en que “los supremos” tomen nota del fracaso de la despenalización del aborto en el Congreso, como dato de época.
El premio menor para ellos es la dilación: ya lleva siete años suspendida la guía en los hospitales provinciales y, pese a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la declaró constitucional en diciembre, sigue sin poder aplicarse, por un tiempo que nadie puede determinar con precisión.
Una fuente judicial explicó que cuando se produce un recurso de este tipo, el tribunal tiene que correr vista a todas las partes (en este caso son cinco) y cada una de ellas tiene 15 días para ser notificada. Recién cuando terminan las notificaciones, el TSJ dispone de cinco días para conceder o rechazar el recurso.
Esto le da más tiempo a la provisión a escala de misoprostol. La Municipalidad de Córdoba comenzará a producir en las próximas semanas medicamentos con licencia de Anmat. Así podrá hacer clearing con la farmacia pública de Santa Fe, donde ya se elabora el remedio.
DE LA CORTE SUPREMA QUE VOTÓ EL FALLO FAL QUEDAN TRES JUECES, PERO SE SUMÓ UN FUERTE CRÍTICO
A ESA SENTENCIA.