Cuando el Estado llega tarde
provocaron una dramática situación que lleva años. Hay más de 500 casas que se hunden, y unas 11 casas habitadas en serio riesgo de derrumbe. Además, sólo la zona más crítica abarca 33 manzanas.
En julio de 2016, un sector de las oficinas municipales del CPC de Villa El Libertador se hundió y tuvo que ser clausurado durante un tiempo. Casi un año después, cedió parte del piso de un baño de la planta baja.
En ese contexto, y preocupado por la falta de asistencia del Estado, un grupo de vecinos presentó un amparo judicial. El expediente tuvo una interesante y positiva respuesta en septiembre de 2018, cuando se firmó un acta de compromiso con la Provincia, la Municipalidad y los propios vecinos.
Por ese acuerdo, los vecinos deben procurar que el Canal se mantenga limpio. En otras palabras, que allí no se arroje basura.
De todos modos, la Provincia se responsabilizó del mantenimiento del Canal y comprometió una inversión durante este año de unos 200 millones de pesos en redes de conexión domiciliaria a las cloacas.
Y la Municipalidad asumió terminar las obras en 11 de las 33 manzanas ubicadas en la zona crítica y realizar desagotes gratuitos de las viviendas afectadas hasta que todo el barrio esté conectado a las cloacas. Pero, unos días antes de la muerte de Granero, la Justicia tuvo que reclamarle a la Municipalidad porque no estaba cumpliendo con su cronograma de desagotes.
Es obvio que el Estado no debiera actuar presionado por la Justicia, sino por su propia voluntad y ante la simple constatación de los hechos denunciados por un grupo de vecinos. Es la más elemental regla de funcionamiento institucional de cualquier país “normal”.
Argentina no califica de esa manera, y la provincia de Córdoba tampoco. Aquí el Estado llega tarde al problema, obligado por la Justicia, y además no siempre respeta los compromisos asumidos. Mientras tanto, una populosa barriada vive bajo una angustia permanente y algunas personas pierden la vida. ¿Por qué tanta desidia?