¿Qué trae de nuevo el DNU sobre extinción de dominio?
Los sistemas procesales modernos desarrollan investigaciones patrimoniales en forma paralela a la tradicional (que busca hallar culpables), persiguiendo la red de bienes usados, producidos y ganados con el ilícito.
Las herramientas principales para ello son el decomiso y la acción de extinción de dominio.
Debido a numerosos tratados ratificados por Argentina que prevén estas herramientas, hoy estamos obligados a tener un proceso de extinción de dominio autónomo del penal.
Un sector critica la autonomía penal de estas medidas, por considerar que tienen naturaleza punitiva, es decir que son un castigo a quien cometió un delito; y, coherentemente, una medida así debe respetar las garantías del proceso penal e imponerse sólo al condenado.
No obstante, el sector opuesto y creciente considera que su naturaleza es resarcitoria, al evitar que alguien se beneficie de un delito, aunque no lo haya cometido, ya que no se pueden adquirir derechos sin causa legal y justa.
Como se discuten derechos sobre un bien, se debe demostrar en un proceso civil el nexo entre el hecho y el bien en cuestión.
Resulta incoherente sostener que estas herramientas son punitivas si en el actual artículo 23 del Código Penal se prevé que, en caso de condena, se puedan decomisar los bienes utilizados o producto del delito, aunque estén en poder de “un tercero a título gratuito”, tercero que por cierto no es condenado en el proceso.
El proyecto de ley de extinción de dominio en carrera fue modificado en el Senado en agosto de 2018, con cambios estructurales, y actualmente debe ser tratado por Diputados.
Veamos las diferencias entre este proyecto y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri.
En el proyecto, la competencia para entender en la acción de extinción de dominio puede ser federal y ordinaria, mientras que el DNU sólo regula la federal, y las provincias pueden adherir.
En cuanto a la autonomía de la acción, en el proyecto está atada a la acción penal (salvo en decomiso sin condena, caso en que prevé una indemnización por inexistencia, atipicidad o irresponsabilidad del acusado), mientras que en el DNU es autónoma de cualquier proceso judicial y prevé una indemniza- ción si en el penal el hecho se declara inexistente o atípico.
Sobre los bienes, en el proyecto deben provenir en forma directa o indirecta de un delito de los requeridos. En el DNU, también, pero ello se presume por el incremento patrimonial injustificado del demandado en forma posterior al hecho investigado de forma penal.
En ambas normas, se deja a salvo el derecho de terceros adquirentes a título oneroso y de buena fe.
En cuanto a los delitos en que procede esta acción, la nueva normativa que deberá tratar el Congreso en los próximos días tiene un punto positivo: amplía la cantidad de delitos comprendidos. Además del narcotráfico, el lavado, la prostitución y la corrupción (de los más importantes), toma la pornografía y la sustracción de menores, el secuestro y el cohecho internacional, entre otros.
Por último, el proyecto exige que se demuestre la procedencia ilícita de los bienes, mientras que en el DNU se exige “fundamentar por qué los bienes fueron incorporados sin causa legítima al patrimonio”. Esta diferencia sutil podría tener implicancias.
Así analizado, se observa que el DNU es coherente con una postura resarcitoria de la acción de extinción de dominio y, en ese sentido, es superador del proyecto de 2018.
Pero esta norma resulta cuestionable en dos puntos: por su dudosa “urgencia” (que parece más bien de carácter electoral), al utilizar este resorte para dictar leyes aún en tratativas; y porque debería exigirse la prueba del origen ilícito de los bienes cuya extinción de dominio se pretende, tanto por la garantía constitucional de intangibilidad de la propiedad privada como para ser coherente con los fines establecidos en los propios considerandos del decreto.
COMO SE DISCUTEN DERECHOS SOBRE UN BIEN, SE DEBE DEMOSTRAR EN UN PROCESO CIVIL EL NEXO ENTRE EL HECHO Y EL BIEN EN CUESTIÓN.
LA NUEVA NORMATIVA QUE DEBERÁ TRATAR EL CONGRESO TIENE UN PUNTO POSITIVO: AMPLÍA LA CANTIDAD DE DELITOS INCLUIDOS.
*Abogada, docente en Derecho Penal Económico en la UNC