La discriminación contra las mujeres cuesta 12% del PIB

La autonomía es la facultad que tiene una persona para obrar según su criterio, con independencia de la opinión y el deseo de otros. En la actualidad, la autonomía de las mujeres está cercenada.

Muchas no tienen garantizado el derecho a una vida libre de violencia, ni gozan de sus cuerpos o de sus derechos sexuales y reproductivos (autonomía física).

También es frecuente que se le niegue la posibilidad de generar ingresos y recursos propios en igualdad de condiciones que los varones (autonomía económica). Esto último no sólo genera perjuicios a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto.

Mientras que 76% de los hombres mayores de 18 años participa de modo activo en el mercado laboral, tan sólo 52% de las mujeres lo hace.

A su vez, muchas de las que trabajan ocupan puestos en los que no se aprovechan plenamente sus potencialidades. Esto sin mencionar que la diferencia salarial es de casi un 30% respecto de los varones, cifra que no es explicada por mayor calificación y demuestra la intensidad con la que operan reglas de comportamiento en el mercado de trabajo en contra de las mujeres.

Este mal funcionamiento del mundo del trabajo afecta a las mujeres. Sin embargo, menos visible –pero no menos importante– es el daño que produce a la sociedad en general.

Un país donde una mayor cantidad de personas participa en el mercado laboral y donde se logra aprovechar todas sus potencialidades alcanza más producción y, por ende, tiene muchas más posibilidades de ofrecer mayores niveles de bienestar a toda la población.

Por el contrario, un país en donde es muy alta la proporción de población inactiva requiere un mayor esfuerzo productivo de aquellos que trabajan para sostener las condiciones de vida de la totalidad de la población.

Salvando las distancias, la discriminación laboral contra las mujeres tiene un impacto económico y social análogo a realizar un gran esfuerzo en invertir en infraestructura o en máquinas que luego no son utilizadas en el proceso productivo.

Existen estimaciones que cuantifican que la Argentina podría incrementar en un 12% su producto interno bruto per cápita si lograra cerrar la brecha de género en el mercado de trabajo.

Se necesitarían varios años de muy buenas políticas económicas para lograr semejante progreso.

Dicho de otra manera, si fuésemos capaces de imponer tratos más igualitarios dentro del mundo del trabajo no sólo avanzaríamos en términos de equidad, sino que se haría un enorme aporte al bienestar general.

La evidencia da cuenta de que el empoderamiento de la mujer y la potenciación de su autonomía no son sólo demandas particulares que benefician a este colectivo, sino que también tienen una gran y positiva repercusión para la sociedad en su totalidad.

No es casualidad que en las sociedades más avanzadas la participación laboral de la mujer tiende a igualarse con la de los varones.

Si bien la discriminación salarial no fue eliminada, es menos intensa que en la Argentina. Por eso, en la agenda de los organismos internacionales (Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial e incluso el Fondo Monetario Internacional) se contemplan acciones de políticas públicas que promuevan la igualdad de género en países en desarrollo como parte de una estrategia de crecimiento.

Son razones éticas pero también económicas las que justifican acciones tendientes a promover la equidad de género. Estos son los argumentos que dan fundamento a las políticas y programas que se ejecutan desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba en pos de facilitar la inserción productiva de las mujeres.

* Secretaria de Planeamiento y Modernización de la Provincia de Córdoba