Refuerzan la seguridad del juez que investiga el narcolavado
En Río Cuarto, el magistrado ordenó otro allanamiento.
Acasi un mes del asesinato mafioso de Claudio Torres, avanza la causa por “narcolavado” en Río Cuarto. El juez federal Carlos Ochoa ordenó ayer otro allanamiento en una propiedad vinculada a Gustavo Oyarzábal, el exjefe de Investigaciones de la Departamental Río Cuarto de Policía. Oyarzábal, quien fue la mano derecha de los fiscales provinciales en la ciudad, está detenido como sospechoso de encubrimiento por presuntos vínculos con los narcos de la región.
Torres, para algunos un “zar de la droga”, fue acribillado a balazos frente a su casa en la noche del 16 de enero, en barrio Fénix. Llegaba en un Audi TT. Recibió seis balazos de dos sicarios. Murió a las 6.
Los policías de la Provincia que fueron al lugar del crimen no secuestraron el vehículo de alta gama del occiso. El domicilio de Torres recién habría sido requisado días después. Hallaron las cajas fuertes y varias cajas de relojes caros completamente vacías.
El Juzgado Federal, que tenía a Torres en la mira desde hacía cuatro años, ordenó 46 allanamientos simultáneos a la semana siguiente. En la casa de la víctima secuestraron electrodomésticos y documentación. Luego detuvieron, entre otros, a Andrés y a Mariano Rivarola (vinculados a la venta de pollos y de considerable fortuna).
También fueron apresadas varias personas que estaban con Torres en el momento del crimen, como Gabriel Bossi (expareja de Lucía Vargas, condenada por el secuestro de Nicolás Sabena).
Este martes fue allanado un departamento en el que podría haber vivido Oyarzábal.
En tanto, el lunes personal de la Policía Aeroportuaria desembarcó en la sede central de la Departamental de Policía en Río Cuarto.
“Fue una diligencia para pedir informes, si hubiera habido renuencia o reticencia a suministrar la información, habrían pedido la orden de allanamiento”, razonó un investigador.
La Policía local es un tembladeral. No por nada, por orden de Jefa- tura, en la Capital se comenzó a “monitorear” bien de cerca la situación en la Departamental en el Imperio del Sur.
En Gobierno, no confirman ni descartan eventuales purgas de las autoridades policiales. “Es algo que se está viendo, analizando”, dijo un alto funcionario.
Causas y amenazas
La hipótesis que maneja el Juzgado Federal de Río Cuarto es que existía “una organización de lavado de activos” (presuntamente, originados en el narcotráfico).
Torres habría formado parte de ese esquema. El juez no ha brindado ningún informe en relación con el homicidio que debe investigar la Justicia provincial.
En los últimos días, Ochoa habría recibido amenazas.
La secretaria penal del Juzgado, Lucía Storani, sólo confirmó que se reforzó la seguridad del magistrado “por protocolo”. En el caso rige el secreto de sumario.
El juez de Río Cuarto ya tuvo otras causas consideradas “pesadas”, con policías federales (por filtraciones) y gendarmes involucrados. También avanzó con megacausas de droga, juicios de jubilados contra el Estado y la causa de las explosiones de Río Tercero.
De producirse el requerimiento de la fiscal Alicia Cena en las próximas horas, Oyarzábal sería indagado antes del fin de semana.
El exjefe aún formaba parte de Investigaciones en la Policía de la Provincia el día que mataron a Torres. Según trascendidos, a principios de enero había recibido una notificación de retiro, pero la habría rechazado por considerarla “un error”. Mientras tanto seguía trabajando. A fin de mes le confirmaron que quedaba fuera de la fuerza. Días después, con personal de la Policía Aeroportuaria, el juez Ochoa ordenó su detención.
Su abogado, Jorge Johnson, insistió ante medios locales que Oyarzábal “es un recto policía, no se enriqueció y está endeudado hasta las orejas”.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, el Juzgado Federal que está ubicado en el Microcentro, en plena zona bancaria, ha indagado a 10 de los 16 detenidos.
En total hasta el momento son 21 los imputados, algunos conservan la libertad y habría un prófugo (uno se presentó ayer).
Todos los detenidos están alojados en la Unidad Penitenciaria 6 (separados unos de otros). Hay tres en el pabellón de mujeres. No se descartan nuevas imputaciones.
Homicidio impune
Mientras tanto, en el Poder Judicial de la Provincia hoy se reintegrará a su tarea el fiscal Fernando Moine. Entre otras causas, le espera la del homicidio de Torres.
No han trascendido las diligencias ordenadas por su antecesor, Daniel Miralles.
Algunas versiones daban cuenta de que habría declarado al menos un testigo protegido.
En los últimos años, Moine tuvo a su cargo una investigación contra el exjefe de Investigaciones
Oyarzábal y llegó a pedir su sobreseimiento.
Pero su decisión fue revertida por la Cámara, por lo que el caso pasó ahora a manos del fiscal Javier Di Santo.
La denuncia que tiene pendiente Oyarzábal en la Justicia provincial “por encubrimiento para favorecimiento personal” fue efectuada por Rosa Sabena, la madre de Nicolás, el joven presuntamente asesinado en el 2008 en la quinta de los Vargas Parra (condenados por secuestro).
La mujer, recibida de abogada tras la desaparición de su hijo, logró determinar, en un entrecruzamiento de llamadas, que Oyarzábal les avisaba a los Vargas antes de los allanamientos.