Recursos, no palabras
El homicidio mafioso de Claudio Torres y la investigación de narcolavado en Río Cuarto son brasas ardientes.
La Justicia federal tiene a un exjefe de Investigaciones de la Policía de la Provincia detenido. En causas presuntamente vinculadas, hubo policías de la Federal investigados y dos gendarmes y otro exjefe de Drogas de Córdoba ya condenados (por encubrimiento).
En los últimos días, diversos dirigentes políticos salieron en defensa de sus respectivas gestiones y a proclamar que la Justicia debe investigar hasta las últimas consecuencias.
Pero más allá de las buenas intenciones, en el “interior del interior” todos saben que no se cuenta con los mismos elementos que en otras jurisdicciones para investigar.
Un ejemplo: ni la Justicia federal ni la provincial (esta última hizo un anuncio al respecto el año pasado) tienen un gabinete científico en Río Cuarto.
En los tribunales provinciales, el investigador a cargo del homicidio de Torres tuvo a su cargo tres fiscalías la semana anterior. Para todo el sur de Córdoba, hay sólo tres médicos forenses; un solo psiquiatra; apenas tres unidades judiciales en la ciudad... En la Justicia federal, los empleados de la Secretaría Penal se cuentan con los dedos de una mano.
Este año, la cifra de homicidios barriales protagonizados por jóvenes (como víctimas o victimarios) pasó de cinco por año a cinco en menos de 40 días. Los hechos están esclarecidos, pero poco se habla de cómo revertir la exclusión, las adicciones, la violencia en la que crecen miles de niños en la ciudad.
Con el crimen de Torres, quedó en evidencia cómo el narcotráfico funciona como un sistema paralelo, con códigos mafiosos. La credibilidad en la Justicia y en las instituciones está en juego. Lo peor que puede ocurrir es que, en un año electoral, se busque sacar tajada política y se crucen acusaciones sin atender a que el problema es de todos.