Un “topo” se mueve por la Justicia federal y despierta controversias
La elevada torre de los Tribunales federales de Córdoba, en el parque Sarmiento, es un gigantesco generador de sorpresas. Además de investigar e impartir justicia, los despachos de los 13 pisos pueden generar un sinnúmero de situaciones inverosímiles.
El martes, en la Cámara Federal de Apelaciones, se celebró una audiencia durante la cual se escuchó que un empleado infiel pasó información que formaba parte del secreto de sumario de una investigación incipiente y cuyos datos luego se filtraron a la prensa.
Si bien las actuaciones ya habían cobrado fuerza en diversos expedientes de 2018, se apreció in voce la crudeza de los hechos.
El fiscal Enrique Senestrari llegó con sus abogados Claudio Orosz y Ramiro Fresneda ante el tribunal integrado por Liliana Navarro (presidenta), Luis Rueda y Abel Sánchez Torres. El motivo de la presentación era insistir en lo que en primera instancia no se había logrado: que se investigaran las actividades de un empleado infiel que, actuando como “topo” dentro de la fiscalía, pasó información reservada por el secreto de sumario y que luego apareció publicada en un medio de la Capital Federal.
Más allá de la ruptura de la confianza frente al secreto de las actuaciones, el contenido de esa información tenía que ver con la investigación que Senestrari y su equipo de colaboradores efectuaban en torno a las actividades del titular del gremio mercantil nacional, Armando Cavalieri, y a supuestas relaciones con el empresario local Euclides Bugliotti.
Sabido es que ambos tienen relación con la causa de la financiera Cordubensis (CBI) y el descuento de cheques de la obra social nacional en la plaza cordobesa. El contador del titular de Dinosaurio Mall, Fernando Guevara Amado, cobró valores de Osecac por unos 10 millones de pesos. En este tramo de la causa están imputados Cavalieri, miembros de su conducción y Guevara Amado. Bugliotti está desvinculado.
Cuidado con el WhatsApp
En marzo de 2018, este diario recibió de un anónimo el contenido de conversaciones privadas entre los integrantes de un grupo de WhatsApp, compuesto por Senestrari y seis de sus colaboradores. En ese momento, no resultaba importante que algunos de ellos se refirieran en términos soeces a un periodista de La Voz que había hecho publicaciones sobre causas de la fiscalía. Sin embargo, días después, en un medio de la Capital Federal, el diálogo salió publicado.
Corría abril y los diálogos del equipo circulaban por algunos de los celulares más calificados de “la Torre”, hasta el punto que comenzaron a publicarse algunos detalles de investigaciones. Era evidente que “dentro” del grupo cerrado “Delitos Económicos” había un “topo” o empleado infiel que pasaba los audios a terceros.
Finalmente, el medio digital Infobae publicó información de la causa en la que se investigaba a Cavalieri, lo que para Senestrari sólo podía surgir ad intra de la fiscalía. En mayo de 2018, Senestrari presentó la denuncia para que se investigaran las actividades de un empleado infiel que había roto el secreto del sumario y que por su condición de funcionario judicial estaba cometiendo un delito.
“No hay delito”
Meses después, el juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, resolvió desestimar las actuaciones que había instruido la fiscal N° 3, Graciela López de Filoñuk, a partir de la denuncia de mayo.
La instructora no profundizó la pesquisa y no consideró de mérito las ampliaciones que hizo Senestrari el 26 y el 27 de septiembre, en una de las cuales señalaba quién era el “topo” de toda esta historia.
López de Filoñuk tomó esos dos testimonios que habrían identificado al “infiel”, pero no consideró que tuvieran relevancia, a juzgar por el resultado de la investigación. En octubre, Senestrari se presentó como pretenso querellante y ahora llegó a la apelación a lo dispuesto por Vaca Narvaja.
Orosz y Fresneda argumentaron para que los camaristas reconsideraran la denuncia y dispusieran que otro fiscal y juzgado profundizaran la investigación sobre el empleado infiel y aquellos que hayan contribuido con las filtraciones a la prensa.
“La fiscal no se quería hacer cargo de las denuncias ampliatorias”, dijo Orosz tras asegurar que con los dos testimonios ya había mérito suficiente para imputaciones.
Pese al respeto que tiene por la funcionaria por su actuación en derechos humanos, el penalista dijo que “era obvio que los principios rectores de toda investigación penal eran, primero, preservar la prueba y luego discutirla”.
Él y Fresneda lamentaron que se hubiera perjudicado una “investigación en etapa tempranísima sobre una persona muy conocida en Argentina”, en referencia a Cavalieri.
Tras una atenta escucha, Rueda, Navarro y Sánchez Torres pasaron a deliberar. El próximo martes emitirán la respuesta a la apelación: decidirán si se investigan las actividades del empleado que ahora se desempeña en otra oficina y si tuvo eventuales colaboradores.