La salud de los gobernantes como cuestión de Estado
La angioplastia o desobstrucción de arterias a la que fue sometido el gobernador Juan Schiaretti el pasado viernes 8 reabrió un viejo debate sobre hasta dónde la salud de los gobernantes es un tema privado o un asunto público y cuáles son las obligaciones de los gobiernos de informar sobre estas cuestiones.
Ante la intervención al gobernador, hubo declaraciones periodísticas y posteos en redes sociales del ministro de Salud, Francisco Fortuna, explicando sobre la colocación de cuatro stents o expansores de arterias, con un pronóstico de pronta recuperación. Las hizo apenas se concretó el procedimiento, en el cual Fortuna, que es médico, estuvo presente. Luego, por sus redes, informó sobre el alta.
No hubo un comunicado oficial, no se subió la información al sitio de la Provincia ni hubo parte médico del sanatorio privado en el cual fue atendido el gobernador.
Tampoco había habido información sobre el chequeo previo a esa intervención, el sábado 26 de enero, luego de que Schiaretti regresó de un viaje a España. Dirigentes del PJ aseguran que ya en esa ocasión se determinó que Schiaretti iba a requerir la colocación de al menos dos stents. Desde el Gobierno se descalifica esa versión y se asegura que todo se decidió al practicar la angiografía coronaria exploratoria el viernes 8 y que ello explica que antes no haya habido información oficial.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información elaboró hace un tiempo un informe sobre distintos casos en el continente. En sus conclusiones, sostiene: “El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza el derecho de los ciudadanos a conocer sobre las enfermedades de sus presidentes cuando estas son graves y pueden afectar su desempeño o la gobernabilidad; lo cual implica que, por parte del Estado, surge en estos casos una obligación de proporcionar información”.
El trabajo indica que en los casos de la salud de los gobernantes, se debe garantizar el acceso a la información “sobre el diagnóstico de enfermedades o accidentes que puedan poner en peligro la vida o las habilidades para seguir ejerciendo sus cargos y cuál es la evolución que se espera puedan tener y las posibilidades de recuperación o no”.
“El público no necesita conocer los detalles escabrosos de la enfermedad, pero sí una prognosis realista sobre esa enfermedad, porque ello puede influir en forma directa en el manejo de los asuntos de Estado y, por eso mismo, indirectamente, en su calidad de vida”, añade la entidad, que agrupa a asociaciones civiles de 19 países latinoamericanos.
Y apunta: “Una comunicación madura permite a la comunidad acompañar en forma respetuosa a sus gobernantes cuando están atravesando un trance difícil. El ocultamiento o la manipulación burda de información tan sensible y de alto interés público habilitan el camino de las especulaciones”.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información sostiene que esas especulaciones se neutralizan con “información oportuna, completa y confiable”.
También hay una advertencia hacia los dirigentes opositores, a los que se les pide que tengan “un manejo cuidadoso al plantear sus dudas si hay información disponible y adecuada”.
Funcionarios provinciales defienden el modo y momento en que se produjo la comunicación sobre la intervención al gobernador, ratifican que la colocación de stents no estaba programada hasta el mismo viernes 8 y destacan que haya sido el propio ministro de Salud el responsable de hablar con los medios de comunicación.
Entre Néstor y Cristina
El trabajo de la Alianza Regional comienza con el caso argentino y las diferencias que hubo en el manejo de la información pública de las afecciones que sufrieron Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
En abril de 2004, antes de cumplir el primer año como presidente, Kirchner fue intervenido de urgencia en Río Gallegos por un problema gástrico y estuvo en riesgo su vida, según reconocieron después sus allegados y los médicos que lo atendieron. La información oficial fue casi nula en aquellos días.
En enero de 2012, Cristina Fernández, apenas iniciado su segundo mandato, fue sometida a una intervención quirúrgica en la que le extirparon la glándula tiroides, ya que sus médicos suponían que en ella había células cancerígenas. Los estudios posteriores confirmaron que no tenía cáncer. Hubo comunicados oficiales, partes médicos y hasta declaraciones de la entonces presidenta de la Nación, que era renuente al diálogo con la prensa.
Ella misma explicó el cambio de conducta: “Yo me acordaba del episodio de lo que había sufrido Néstor. Hubo una cierta desinformación de lo que le estaba pasando en ese momento a él. Él me había pedido que nadie lo viera como estaba y yo dije: ‘Ni muerta te van a ver. Quedate tranquilo’. Y me acuerdo que una periodista, cuando informamos, después de dos o tres días, me dijo: ‘¿Usted, por qué no informó?’. ‘Antes que el presidente, es mi marido’, me acuerdo que le contesté. Y bueno, después dije: ‘No, la verdad es que uno debe informar paso a paso lo que le pasa a la salud del presidente porque es una cuestión de Estado y porque la gente lo debe saber’”.
Cristina, que como primera dama había contribuido a mantener en secreto la intervención de su marido, como presidenta empezó a considerar su propia salud como una cuestión de Estado.
Casos diferentes
En el trabajo de la Alianza Regional se ponen algunos ejemplos regionales, como los casos de los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Paraguay, Fernando Lugo, que dieron todo tipo de detalles de los cánceres que padecían.
Y lo diferencian del cerco informativo que hubo con la salud del venezolano Hugo Chávez.
El periodista y médico Nelson Castro, autor de libros sobre la salud de los presidentes argentinos, sostiene que “las enfermedades de los que están en el poder las padecemos todos”. Castro extiende esta obligación de informar a los candidatos y cita que en Estados Unidos los postulantes presidenciales tienen la obligación de “hacer pública su historia clínica en las campañas electorales”. Recuerda que en 1973 los médicos le recomendaron a Juan Domingo Perón no presentarse como candidato por su estado de salud. “Eso debería haberlo sabido la gente, fundamentalmente por todo lo que ocurrió después de su muerte”. El Sanatorio Allende no informó sobre la práctica.
El Sanatorio Allende, donde se le colocaron los al gobernador Juan Schiaretti, explicó que no hubo parte médico sobre la salud del paciente porque “el Gobierno se encargó de comunicar”.
“En todo el procedimiento, el gobernador estuvo acompañado del ministro Francisco Fortuna, que también es médico. Y apenas finalizó la intervención, él comunicó lo que había pasado”, precisó Marcos Lozada Allende, gerente administrativo de la institución. “Lo que dijo Fortuna es lo que pasó. No había nada distinto que agregar”, indicó.
LOS FUNCIONARIOS PROVINCIALES RATIFICAN QUE LA COLOCACIÓN DE LOS STENTS NO ESTABA PROGRAMADA.