“Quienes gobiernan ceden parte de su privacidad”
El directivo de Acij comparó la obligación de informar sobre la salud de los gobernantes con la imposición de dar a conocer su patrimonio.
Renzo Lavin es codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), una ONG que se ocupa de contribuir al desarrollo de prácticas participativas y deliberativas de la democracia.
Vienen trabajando en varias cuestiones vinculadas con el acceso a la información pública y participaron del relevamiento que realizó la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, sobre la salud de los presidentes del continente.
–¿Qué marco normativo hay sobre este tema de la salud de los gobernantes?
–La primera regulación es sobre el derecho de acceso a la información pública, que en muchos lugares está regulado por ley. Es un derecho constitucional. Todo ciudadano tiene derecho a acceder a toda información de carácter público. El tema de la salud no está explícitamente regulado, pero está claro que es una información de interés público. Este derecho choca con otro, que es el derecho a la privacidad. Está claro que un gobernante cede parte de sus espacios de privacidad, como por ejemplo con la obligación de publicar su patrimonio. Con la salud, pasa lo mismo: es parte de su privacidad, pero hay interés público de saber en qué condiciones está para desempeñar el cargo. Hay situaciones que son claras respecto de cuándo informar y cuándo no, y hay otras que son grises. Está claro que si la enfermedad que padece pone en peligro el desempeño de sus funciones, es parte de la información pública, sin necesariamente entrar en detalles morbosos.
–Con lo cual el tema es más un asunto público que privado.
–Sí, siempre y cuando afecte sus funciones, ya sea por riesgo de vida, reposo u otra alteración que le provoque la enfermedad.
–Siguiendo con la analogía de la declaración de bienes, así como su presentación es parte de las obligaciones de los candidatos a cargos ejecutivos, ¿debería incluirse también la del estado de salud de un postulante a un cargo público?
–No está regulado. Hay una cuestión de intimidad que preservar. Pero, si un candidato tiene una enfermedad que puede ser grave, el electorado debe saber de qué patología se trata.
–Esta comunicación que debe hacer el gobierno, ¿cómo debe hacerse? ¿Un parte oficial, declaraciones públicas del funcionario, informe de los médicos?
–En la medida que asumimos que es de interés público, el Estado es el que debe informar. Ha habido discusiones en distintos países de la región y la conclusión es que es necesario suministrar los datos más precisos posibles.