Modernización del Estado, hacia un nuevo paradigma
Un gobierno es más que la mera administración del Estado, pero sin duda ese es el eje vertebral. La “modernización del Estado” aparece por momentos como un eslogan posmoderno y a veces como una necesidad estructural, aun en países en vías de desarrollo.
Es claro que la burocracia desaceitada es enemiga de la eficiencia pública, pero puede que sólo sea la “punta del iceberg”; quizá es tiempo de repensar la dinámica del Estado.
Modernizar el Estado es más profundo que la digitalización o el uso de las redes sociales: es un paradigma alternativo que intenta actualizar la relación sociedad-Estado, en la que la innovación resulta central para el desarrollo público, junto con la apertura del gobierno.
El objetivo es lograr un Estado funcional y desconcentrado, en el cual se intente un equilibrio virtuoso entre la planificación estratégica integral (requiere liderazgo), la negociación permanente de sus efectores, la adaptabilidad política y la incrementalidad efectiva. De esta manera, se busca afianzar la confianza y la predictibilidad económica e institucional, para otorgarle una nueva legitimidad al sistema político.
La necesidad de innovación y apertura del Estado, junto a la filosofía del movimiento del software libre, crearon una nueva doctrina: el open government (gobierno abierto). Se trata de un conjunto de políticas activas a favor de la transparencia, la participación y la colaboración. Se dejan atrás las sombras de la “política de escritorio”, para echar luz sobre los procesos decisorios y ejecutables de la cosa pública.
Como consecuencia, se fortalece la democracia mediante la reciprocidad y el control ciudadano, logrando un alineamiento entre las actividades de gobierno y las necesidades de primera, segunda y tercera generación, que muchas veces se yuxtaponen en los conglomerados urbanos.
Otros factores de presión social para la modernización son los fenómenos de “empoderamiento ciudadano” y la “destatización” de individuos, iniciados con la globalización y catalizados por la digitalización, más la revolución de las comunicaciones de la actualidad.
Las tecnologías de la información y la comunicación, con vedettes como la big data y las aplicaciones, aventuraron al mundo a cambios profundos en las relaciones humanas, institucionales y organizacionales.
El uso de redes sociales y plataformas digitales ha constituido un verdadero nicho o comunidades virtuales, segmentadas algorítmicamente por sus características de consumo de bienes y servicios, gestiones, accesos e intereses.
A lo largo de la historia, los estados fueron mutando junto a los cambios de época, para no perder poder de intervención y de resolución de conflictos. En las décadas de 1960 y 1970, se comenzó a dejar atrás la idea del Leviatán, de Thomas Hobbes, de un Estado omnipotente, y se adoptaron perfiles más profesionalistas en el auge de la planificación, lo que originó nuevos pactos sociales.
Por otro lado, en el plano administrativo, el trámite y la atención al público eran considerados un mal necesario indigno de invertir, lo que volvía vulnerable la única relación entre el administrado y el poder administrador.
Hoy estamos atravesando la cuarta etapa de Revolución Industrial. Esto significa un gran impacto social a través de los cambios laborales y económicos, con la creación de nuevos empleos y la extinción de otros.
La experiencia argentina goza de algunas eventualidades. Una es el llamado “costo argentino”, generado por el reglamentarismo y la falta de federalismo, que no contribuyeron a mejorar la instrumentación de leyes y desalentaron el crecimiento.
Otra es la Reforma Constitucional de 1994, que introduce al sujeto consumidor, profundizando las libertades individuales y otorgando nuevos derechos ciudadanos.
Con el tiempo, esta identidad se consolidó tanto que entró en conflicto con otros sujetos, como el “trabajador” clásico por superposición de derechos, aun perteneciendo al mismo sector social. El Estado moderno debería armonizar los mecanismos de negociación sectorial, como también algunas legislaciones, evitando sesgos. En la política se percibe una crisis de representatividad de los modelos tradicionales “políticamente correctos”, agudizada en las nuevas generaciones que culpan a las anteriores por no resolver problemas históricos como el acceso a servicios, la pobreza, etcétera.
Vivimos en una transición donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo, de nacer, pero a su vez exige inmediatez. La modernización estatal no debería tomarse como la solución mágica, sino como un medio de transformación contemporánea hacia un Estado inteligente, facilitador y accesible.
OTROS FACTORES DE PRESIÓN SOCIAL PARA LA MODERNIZACIÓN SON LOS FENÓMENOS DE “EMPODERAMIENTO CIUDADANO” Y LA “DESTATIZACIÓN” DE INDIVIDUOS.
* Exdiputado por el Movimiento Evita