Progresos que deben valorarse
ellos, y nunca estará de más mencionarlo, en bien de alentar la toma de posición respecto de los valores que para la ciencia y para la humanidad representa la donación de órganos.
La niña, de 12 años, murió el 22 de noviembre de 2017 mientras esperaba un corazón que jamás llegó.
Ante el dolor profundo, la lucha sin pausa de sus padres y de numerosas organizaciones humanitarias dio sus frutos: en julio de 2018 se aprobó la ley 27.447 de Trasplante de Órganos y Tejidos, conocida como “ley Justina”.
En la parte medular de su extenso articulado, la normativa, aprobada por ambas cámaras del Congreso Nacional, establece que “todos los argentinos mayores de 18 años son considerados donantes de órganos, excepto aquellos que manifiesten expresamente lo contrario”.
Hasta la reformulación de la ley, sólo eran contemplados con voluntad de donar órganos quienes se hubieran registrado como tales y, en caso de no haber dejado constancia, era la familia de la persona fallecida la que debía decidir.
Los denodados esfuerzos no fueron en vano: a un año de la aprobación de la ley, en la Argentina se realizaron 871 procesos de donación de órganos, lo cual permitió que 1.958 pacientes en lista de espera recibieran un trasplante.
Según datos difundidos por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), se trata de
512 intervenciones más que las realizadas durante el mismo período interanual anterior.
Lo auspicioso y relevante de este cuadro comparativo radica en que, por primera vez, las cifras de operaciones a pacientes que se encontraban en lista de espera se aproximan a las de los países de la Unión Europea.
Entre el 1° de julio de 2018 y el 30 de junio del corriente año, la tasa de donantes fue de
19,5 por millón de habitantes, la más alta de la historia de nuestro país, indicó el Incucai.
El efecto Justina y la reflexión colectiva deben complementarse con una decidida acción del Estado, para que esta preciada entrega de amor y de vida no decaiga.