“Call center tumbero”: investigan miles de llamadas
El operativo aún retumba y no sólo en los fríos pabellones de la cárcel de la ciudad de Cruz del Eje, sino también en varios despachos oficiales y judiciales.
El Gobierno de Córdoba mira con mucha atención las posibles derivaciones que pueden generarse en los próximos días tras el allanamiento que el lunes pasado ejecutaron Gendarmería y distintas fuerzas provinciales que actuaron como apoyo luego de que un juez de la provincia de Buenos Aires ordenara requisar dos pabellones de esa penitenciaria.
El objetivo: desbaratar lo que a nivel nacional se supone que se trataría de una “megabanda” dedicada a secuestros virtuales y otras estafas telefónicas que habría operado no sólo desde este presidio cordobés sino que también se sospecha que hay presos de otras jurisdicciones involucrados.
La cifra que trascendió desde fuentes que participan de la investigación, y que llegó incluso a oídos de los funcionarios cordobeses, abruma: se investigan alrededor de 11 mil llamadas telefónicas diarias.
La causa es liderada por el juez de Garantías de San Isidro, Orlando Díaz, quien ordenó un estricto secreto de sumario al menos hasta
mediados de la semana próxima. Incluso, desde ese ámbito trascendió un marcado malestar luego de que se supiera de manera pública del operativo que se desarrolló en la cárcel de Cruz del Eje el lunes último.
Por la cantidad de fuerzas involucradas y el lugar donde se ejecutó la requisa, es difícil suponer que el allanamiento no se iba a filtrar. Es que, además de Gendarmería, participaron el grupo Eter de la Policía, la Policía Judicial y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Pese al hermetismo que por ahora rodea a los investigadores, a través de distintas fuentes La Voz corroboró que se allanaron celdas del pabellón de máxima seguridad. Según la orden emanada desde Buenos Aires, el principal objetivo de las requisas eran las celdas de los detenidos Alejandro Nicolás Leiva y Diego Armando Quiroga.
Quiroga cumple una condena de 25 años de prisión por el asesinato de un joven en medio de un asalto ocurrido en barrio San Cayetano, de la ciudad de Córdoba, en 2007.
Además, habría otros tres reclusos en la mira, cuyas identidades aún no trascendieron
“Había 24 celulares: en una celda se encontraron 21 y en otra celda, tres”, aseguró una de las fuentes consultadas.
El dato de la cantidad de aparatos ingresados de manera clandestina que fueron encontrados en poder de los presos vuelve a abrir los interrogantes sobre la fragilidad de los controles en las cárceles y las complicidades oficiales.
Y, al mismo tiempo, también en este caso hizo necesario recurrir a la calculadora para contrastar la cifra de las 11 mil llamadas “tumberas” por día.
¿La cifra se refiere sólo a Cruz del Eje? ¿O se trata del volumen total que se maneja en la investigación nacional? En caso de ser sólo de Cruz del Eje, se supone que en el allanamiento no se secuestraron todos los celulares que había o que los delincuentes llamaban de manera frenética casi sin descanso durante las 24 horas de cada jornada.
Una aclaración: 11 mil llamados no significa que se haya concretado esa misma cantidad de secuestros virtuales o estafas telefónicas.
Consultado al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia –cartera de la que depende el Servicio Penitenciario–, Martín Farfán, indicó que hubo una total colaboración de esa área y del Ministerio de Gobierno y Seguridad con la Justicia de Buenos Aires.
Sobre el ingreso de celulares ilegales en los pabellones de las distintas cárceles cordobesas, Farfán respondió que se trata de un “problema de larga data” por lo que este año se puso en funcionamiento, tanto en la penitenciaría de Bouwer como en la de Cruz del Eje, un nuevo equipamiento tecnológico.
Se trata de un escáner de bolso (similar al utilizado en los aeropuertos, un arco de detección de metal y un body escáner, que lee de manera íntegra el cuerpo (con este elemento hace pocos días se detectó a una visita de 62 años que pretendía ingresar con una bolsa con cocaína escondida en la vagina).
“Somos conscientes de esta situación y entendemos que los recursos tecnológicos nos van a ayudar a combatir el ingreso de celulares y estupefacientes”, completó el ministro. lavoz.com.ar/sucesos