El alto costo de ser madre
A María (el nombre es ficticio) se le caen las lágrimas cuando cuenta la situación por la que está pasando. Con su beba en brazos pide que esta injusticia tiene que darse a conocer, pues no le alcanzan los ahorros para trabajar gratis dos meses para terminar su residencia.
El reglamento de residencias de salud de la provincia de Córdoba establece que los profesionales que quieran acceder a esta “beca” para especializarse deben tener los requisitos de un título universitario y ser menores de 35 años.
Los interesados pueden especializarse y hacer prácticas en instituciones de salud a cambio de una suma de dinero. Nada parece muy raro hasta aquí. Pero cuando quienes redactaron este reglamento contemplaron cómo sería el régimen para aquellas mujeres que transitaran un embarazo en medio de la residencia, les pareció justo darles seis meses de licencia paga a cambio de que luego recuperen esos meses “perdidos” (algunos establecen dos, otros más, dependiendo de la institución) en forma gratuita, sin ART, obra social ni seguro de mala praxis.
Cuando agrupaciones feministas y mujeres en general sostienen que la violencia machista es también institucional, se refieren a este tipo de situaciones. En plena edad reproductiva, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales o psicólogas que se proponen encarar una especialización profesional tendrán que pagar un alto costo, a diferencia de los hombres, que en medio de ese trayecto deciden emprender también la paternidad.
Ellos cuentan con sólo cinco días de licencia (que sigue siendo poco), pero que no afectan luego su desempeño en la especialidad. Las reglas acaban de cambiar ante la evidencia de que la cuestión saldría a la luz. Es que la situación da cuenta de una de las tantas discriminaciones y desventajas que sufren las mujeres en el ámbito laboral.
En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belem do Pará), reconocida por la ley nacional 26.485, los estados convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia contra la mujer.
Pues entonces es hora de que tal compromiso se haga real, revisando cada legislación y reglamento donde se puedan vulnerar los derechos de las mujeres. Para que todas esas Marías no tengan que seguir cargando con el peso de tener que pagar con un alto costo económico y profesional la decisión de ser madres.