Verdadera Justicia
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció por presunta asociación ilícita y lavado de dinero a la cúpula del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba.
Seis miembros de su conducción y otras seis personas habrían movido cientos de millones de pesos a través de cheques, contrataciones de terceros involucrados con el gremio, compras millonarias de fichas de casino y adquisición de bienes.
Un secretario habría comprado fichas en casinos por más de 13 millones de pesos entre 2011 y 2015, y no tendría manera de
justificar la compra. Como no se demostró que jugara y perdiera esas fichas, sino que luego eran entregadas a distintas personas para que las cobraran, se sospecha una maniobra de intermediación financiera. Además, entre 2017 y 2018 habría librado cheques por casi 15 millones de pesos.
Los delitos que se investigan son los mismos que en el caso del Surrbac, cuyo máximo referente sindical fue detenido hace dos semanas. Son dos gremios vinculados con servicios públicos y enrolados en el kirchnerismo.
Las dos causas, además, recayeron en la fiscalía de Enrique Senestrari, cuya afinidad con el kirchnerismo también es pública; recordemos que encabeza la sección local de Justicia Legítima.
Lo que llama la atención es su comportamiento en la causa contra Luz y Fuerza: primero demoró en hacerse cargo y luego se apartó porque varios de los gremialistas investigados se presentaron patrocinados por los abogados que defendieron a Senestrari cuando denunció la presunta existencia de un “topo” en su fiscalía, que habría filtrado información a la prensa.
Con todo, el comportamiento del fiscal podría ser más vidrioso aún. En este momento, la denuncia contra Luz y Fuerza quedó cruzada, aunque no estén probados los vínculos, con aquel tiroteo en Nueva Córdoba, en febrero de 2018, en medio de un robo a una presunta mesa de dinero, y con la detención de un narcotraficante en octubre del año pasado.
La investigación de la presunta financiera ilegal de la calle Rondeau nunca avanzó, aunque la Justicia provincial elevó un informe reservado a la Justicia federal, que llegó al despacho de Senestrari.
Por entonces, se vinculó a un narcotraficante con el supuesto usurero. Cuando el narco fue detenido por narcomenudeo, a través de unos videos jóvenes encapuchados amenazaron a dos secretarios de Luz y Fuerza: si no les entregaban una importante cantidad de dinero, difundirían las pruebas de sus delitos. Mencionaron cheques y la detención del narco.
El ya histórico reclamo social por una Justicia independiente, que ponga un límite a la corrupción y a la impunidad, encuentra aquí un nuevo caso testigo.