El “mecanismo” de Luz y Fuerza: la investigación
La investigación de Procelac tiene 600 páginas. Describe un “mecanismo idóneo para defraudar las arcas del gremio”. El desfalco superaría los $ 800 millones. Una parte habría sido “lavada” en casinos.
Nueve miembros de la comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba y cuatro de la mutual Ampes habrían urdido un mecanismo –esto es, una asociación ilícita– para estafar al propio gremio. Es decir que, mediante una serie de artilugios, montaron un “mecanismo idóneo para defraudar las arcas del sindicato”.
Este es el meollo de la denuncia penal presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) contra la cúpula gremial.
Según la Procelac, esos fondos retornarían para provecho personal de los integrantes de esta presunta asociación o sus familiares.
La investigación tiene tres cuerpos de 200 páginas cada uno. El informe de inteligencia N° 502 se realizó entre octubre de 2018 y abril de 2019, cuando se materializó la denuncia. “Muy sólida”, la calificaron quienes ya miraron su contenido.
La denuncia lleva la firma del fiscal general Mario Villar, y de Laura Roteta, fiscal federal, ambos cotitulares de Procelac. Allí se describe al detalle la propiedad de inmuebles, autos, salidas del país y movimientos bancarios de Gabriel Suárez (secretario general), Jorge Molina Herrera (secretario adjunto), Fernando Navarro (secretario de finanzas), Daniel Lozano (subsecretario de finanzas), Rodolfo Bonetto (secretario gremial), Roque Tapia (subsecretario de previsión social) y de los apoderados Alexis Fidelbo y José Galván.
También están sospechados Carlos Vaca (vocal del sindicato) y Liza Loyola, Juan Farías, Emilio Chaer y Héctor Juri, los cuatro vinculados a la Asociación Mutual para Profesionales Técnicos y Personal Superior de la Administración (Ampes).
Hay además 35 personas expresamente mencionadas, entre empleados de la propia Empresa Provincial de Energía (Epec), jubilados, monotributistas, titulares de planes sociales, asalariados y titulares de empre
LA INVESTIGACIÓN DE PROCELAC TIENE TRES CUERPOS Y CONTIENE DETALLES MUY PRECISOS DE OPERACIONES Y VÍNCULOS.
sas proveedoras del sindicato.
El mecanismo
Para entender el fondo de la cuestión, lo primero que hay que saber es que el Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba (SLYFC) es un gremio con plata. Mucha plata, dados los sueldos altos de sus trabajadores, jubilados y aportes específicos que hace Epec. Tiene recursos similares al presupuesto de la ciudad de Unquillo, con casi 20 mil habitantes.
Según consta en el último ejercicio económico, que va del 1° de julio de 2018 al 30 de junio pasado, el SLYFC tuvo ingresos genuinos por
359,3 millones de pesos y gastos por
255 millones, lo que arroja un saldo positivo de 101 millones.
La cuota sindical de activos y jubilados, el Fondo Compensador que pagan los activos (Epec suspendió su aporte del dos por ciento) y el aporte obligatorio para un fondo de préstamos aportan el 48 por ciento de los ingresos.
Todo lo demás son aportes directos de la distribuidora en función de diferentes pautas que fija el convenio colectivo de trabajo, como el 2% para vivienda, el 2,5% para las colonias de vacaciones y el 0,5% para cultura y capacitación.
A su vez, la obra social de Luz y Fuerza (también mencionada en la denuncia) recibe el tres por ciento del afiliado más el 1% para remedios y el 6% de Epec.
Lo que la investigación de la Procelac infiere es que se orquestó un mecanismo para sacar plata del gremio y luego desviarla para enriquecimiento personal. En el medio, esa plata “se multiplicó” mediante el uso de una mesa de dinero y hubo que buscar mecanismos para “lavarla”, ya que provenía de origen ilícito. También se plantea como sospecha la vinculación con fondos del narcotráfico.
¿Cómo se hizo?
Para defraudar al gremio y cometer “administración fraudulenta”, lo que habrían hecho los investigados es, en primer lugar, “inflar” el gasto, es decir, hacer aparecer gastos que no eran tales.
En el balance anual, los rubros no están desagregados al detalle y hay algunos que llaman la atención. Por ejemplo, se declaran 24,7 millones de pesos de gasto en “promoción institucional”, que incluye 6,4 millones en “atenciones y demostraciones” y 8,8 millones en “gastos día Luz y Fuerza y otras conmemoraciones”, sin más especificaciones.
Esos gastos inflados necesitarían contratar servicios de una empresa vinculada a familiares o integrantes del gremio (algo que la denuncia sí plantea), haber recibido “facturas truchas” de quienes necesitan justificar como ingresos en blanco plata que ya se tiene por vía ilícita o entregar directamente cheques a personas sin actividad comercial, jubilados, monotributistas o beneficiarios de planes sociales.
Para que cobre una persona distinta a la que emitió la factura, aparece la maniobra del endoso: el cheque se libra al titular de la factura que, al firmarlo detrás, habilita a un tercero para su cobro.
La Procelac determinó que esos cheques, “a partir de sus endosos, terminaron en poder de personas de confianza de la organización”.
Hay seis empleados del sindicato que cobraron en efectivo cheques emitidos a su nombre por 19,6 millones de pesos.
Hay 11 personas con trabajos en relación de dependencia que efectuaron un segundo endoso de cheques por 7,23 millones de pesos; ocho personas titulares de planes sociales o sin actividad que cobraron cheques por 4,38 millones. Para la Procelac, fueron utilizados para “simular operaciones lícitas” y hasta detalla que a algunos se les detectó ser titulares de autos de reciente data sin tener ingresos declarados.
También pueden haber sacado fondos mediante cheques en concepto de préstamos, un mecanismo habitual entre los afiliados del gremio, aunque ahí hay todavía un mecanismo adicional que explicar.
En el balance se indica que fueron dados 39,4 millones de pesos en préstamos personales, pero hay 27,89 millones de deudores morosos: el 71 por ciento de la cartera.
Ahí se completaría el círculo que explicaría la defraudación.
Hay un punto sobre el que la denuncia no se detiene, pero que se desprende al mirar en detalle este balance del gremio: el uso de cheques de pago diferido. Casi el 40 por ciento del gasto del gremio está derivado en estos instrumentos: son 95,43 millones de pesos. ¿Cómo es que un gremio que recibe de forma automática y en efectivo los aportes de Epec y de los afiliados calza semejante gasto emitiendo cheques a plazo? ¿No debiera pagar de contado, que es la forma en la que cobra?
Algo de eso se deslizó cuando este diario publicó, en mayo pasado, que Luz y Fuerza Córdoba tenía 87 cheques rebotados en el Banco Central. El gremio contaba con una plata de Epec que, lanzada la empresa a bajar el gasto salarial, se demoró en girar, por lo que se descalzó. Pero resulta que 83 de esos 87 cheques eran por cifras redondas, múltiplos de mil.
La sospecha es que esos cheques emitidos a plazo eran cobrados antes por sus titulares en una mesa de dinero, a cambio de resignar un porcentaje. La suma de esos porcentajes, más el desvío directo de fondos del gremio a la mesa explicarían la suma exorbitante a la que llega la Procelac: 869.231.391 pesos entre 2015 y 2018, canalizados sólo en el Banco de Córdoba sucursal Tribunales. El monto superaba varios presupuestos de entonces de la entidad, ya que la cifra es a montos históricos. En el Nación habría otros 35 millones.
Otra rareza: muchos de los préstamos que pedían los afiliados eran dados en cheques por cobrar a seis o 12 meses de plazo. Como el interesado en general quería la plata ya, iba a la mesa a cambiarlo.
¿Dónde? Una sospecha es que trabajaban con la mesa de dinero de barrio Nueva Córdoba, en Rondeau 94, donde hubo un asalto y tiroteo en febrero de 2017.
Así “se armaba la rosca”, porque a cada cheque que el interesado entregaba se le descontaba 20 por ciento. Además, estaban los fondos desviados del gremio.
Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) obligan a determinadas instituciones a informar a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) operaciones que puedan esconder el lavado de activos o la financiación del terrorismo.
“Parece bastante burda la maniobra en algunos casos, porque todo es trazable hoy”, evaluó una fuente con acceso a la investigación de la Justicia federal.
Según se describe ahí, fueron las ROS las que iniciaron la investigación, elevadas por Lotería, Banco Nación y Banco Córdoba.