El control de asistencia se demora en el Esop
Las responsabilidades de la Municipalidad de Córdoba en el fortalecimiento político y económico del gremio de recolectores Surrbac se evidencian en diferentes planos, no sólo en las cifras millonarias que se transfirieron a la institución dirigida por Mauricio Saillén y Pascual Catrambone.
Por ejemplo, ya pasaron cinco meses desde abril, el mes en el que –según anunció la administración de Ramón Mestre– se pondría en marcha un sistema de control de presentismo en el Esop. Existe la sospecha de que hay allí cientos de personas que, desde hace años, cobran su sueldo sin ir a trabajar, ya que en realidad funcionan como mano de obra del gremio y de otros emprendimientos vinculados al Surrbac.
En marzo, luego de que este medio reveló que toda la cúpula gremial del sindicato de recolectores –40 dirigentes– cobraba sueldos del Esop, el municipio anunció que desde abril funcionaría un sistema de control con huella dactilar para evitar la estafa que supondría el pago de sueldos sin contraprestación.
Pero a tres meses de que la segunda administración del actual intendente finalice, el sistema no ha sido puesto en marcha.
El director del Esop, Alfredo Sapp, le dijo a La Voz que en estos días comenzará “la primera prueba experimental” para hacer control de presentismo con huella dactilar en el lugar donde trabaje una de las ocho cuadrillas de barrenderos.
“Empezaremos cargando las huellas de cada empleado”, explicó Sapp. “Es experimental porque tenemos que ver el tema de la energía, que sería solar, para los contenedores donde se ubica la caja de control de huellas, y que además haya wifi. La idea es que en el momento en que cada empleado apoye su dedo en el lector podamos tener control de su presencia en el sistema informático de la Municipalidad”.
Sobre las numerosas licencias gremiales que tendría el Surrbac –nada menos que 45, según registros oficiales–, Sapp dijo que todavía las están “revisando con el sistema informático” y que resulta “complicado, por cuestiones técnicas y por la situación económica”.
La Municipalidad había admitido que, hasta ahora, el sistema de control de presentismo consiste en “un pendrive” al que tenían acceso los mismos dirigentes del Surrbac, quienes podían cambiar los datos a voluntad.
Además, abogados vinculados a la causa contaron que el municipio nunca se presentó como querellante particular en la causa que lleva adelante la fiscal Patricia Ramírez, quien investiga los millonarios contratos dados por la empresa Crese a las firmas del entorno familiar de Pascual Catrambone.